El presidente Andrés López dio este lunes el banderazo al inicio de las obras de construcción del Tren Maya, una de sus obras de ornato, entre la reapertura económica y social tras la pandemia del covid-19 y el rechazo de comunidades indígenas.

A pesar de que el coronavirus está en su etapa de máximo contagio -con más de 93 mil enfermos confirmados y más de 10 mil decesos- López retomó sus giras luego del paro de abril, para inaugurar las obras del ferrocarril que recorrerá el sureste de México y en el que tiene la esperanza de generar miles de empleos para contener la crisis actual.

Tiene que estar terminado este trabajo en 28 meses”, dijo López en su discurso de inauguración. Agregó que no aceptará ningún tipo de excusa “tenemos que terminar en tiempo y presupuesto”.

El arranque de la obra ocurrió en el tramo 4 Izamal-Cancún, en el municipio Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, que tendrá 260 kilómetros con una inversión de alrededor de 27 mil millones de pesos.

Dijo que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a cargo de la obra, tiene que cumplir con los programado “en tiempo y presupuesto porque ya no habrá ampliación”.

El proyecto es muy ambicioso y cambiará la cara de la región”, dijo la directora de ICA, Guadalupe Phillips, ya que permitirá que convivan dos vías de comunicación, la férrea y la carretera, como sucede en muchos países del mundo.

El megaproyecto ferrocarrilero, de mil 475 kilómetros de extensión y que atravesará cinco entidades del sureste, es junto con el “Aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México y la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco, los principales proyectos de infraestructura del gobierno de López.

López adelantó que en los siguientes días hará lo propio en los tramos del tren en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Los tramos que inaugurará son los de Palenque-Escárcega, Escárcega-Campeche, Campeche-Mérida y Mérida-Cancún, que junto con el quinto tramo Cancún-Tulum, abarca mil kilómetros de vías férreas.

A mediados de mayo, organizaciones ambientalistas, indígenas y civiles, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomar medidas cautelares para “evitar daños irreparables” al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, sureste de México, ante los posibles daños que ocasionaría la construcción del megaproyecto del Tren Maya.

Señalaron que el acuífero es un “elemento indispensable” de los territorios y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades del pueblo maya.

Por lo que en aplicación del principio precautorio en materia medioambiental solicitaron que el estado mexicano se abstenga de la construcción del Tren Maya por los “daños graves e irreparables que este pudiera ocasionar al acuífero”.