Foto: Graciela Moncada/Síntesis
Tehuacán. En rueda de prensa, Omar Esparza, líder del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y Martín Amaru Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, reiteraron su rechazo total al Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa 24 MW que se pretende imponer en la Sierra Negra por parte del Grupo Ferro Minero.
Explicaron que ya no es momento para una consulta pública, la cual debió hacerse antes de poner en marcha la obra y tacharon a las autoridades de Zoquitlán y a la empresa, representada por Rodolfo Avendaño Martínez, como los causantes de la desinformación e inconformidad.
Exigieron la suspensión total del proyecto, debido a que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos indígenas, violenta el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y otras leyes.
Más que por la contaminación, el rechazo es en contra de la privatización de los ríos y de las aguas nacionales, refirieron, al indicar que Coyolapa, Pozotitla, Oztopulco, Tepexilotla, Tepequexpan, Xonotipa, Witzmaloc, Coxolico, Tepeyac, de los municipios de Zoquitlán, Coyomeapan, San Miguel Eloxochitlán y Tlacotepec de Porfirio Díaz, son algunos del lado de Puebla que se verán afectados, esto, sin contar otros de Veracruz.
El proyecto, mencionaron, contempla más de seis obras locales, una cortina de más de 600 metros de altura con longitud superior a los 120 metros y espesor de 18 metros, que inundará unas 400 hectáreas de tierra y conectará con 18 torres eléctricas que permitirán que desde cualquier parte la minera haga uso de esa energía, producción que aún no se hace del dominio público.
Pozotitla, de casi 100 habitantes, será la primera población en desaparecer, vaticinaron e indicaron que se causarán daños irreversibles a los ríos Coyolapa y Huitzila que hoy se encuentran totalmente limpios.
