Asegura el diputado federal del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, que en breve iniciará el análisis del dictamen que contiene las propuestas de los diferentes partidos políticos, referente a la reducción del financiamiento público a los institutos políticos.
Al respecto dio a conocer que en un encentro de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso de la Unión, se acordó analizar con mayor profundidad el dictamen propuesto para reducir hasta 52 por ciento el financiamiento público de los partidos políticos, ello en base en 16 iniciativas presentadas por legisladores del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, MC y PES, así como de un diputado independiente y de los congresos locales de Jalisco y Sonora.
“En la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales planteó declarar en sesión permanente al órgano legislativo para analizar los temas en los que no haya consenso, entre ellos el de retirar financiamiento a partidos y el fuero a funcionarios, además de que todos los asuntos turnados a la comisión se dictaminarán antes de que termine el mes de abril en curso”.
Al referir que su instituto político mantiene la postura de que sean cero pesos de financiamiento a los partidos, González Murillo, refirió que como parte de la propuesta para reducir los recursos públicos a los partidos, la Comisión dictaminadora, estimó procedente modificar las reglas de cálculo para la asignación de recursos a los partidos políticos nacionales y atender la demanda social de recortar dicho gasto.
“A diferencia de otras iniciativas, la del PES propone eliminar por completo el financiamiento a partidos políticos, ya que la democracia en México es muy cara, por lo que el dictamen en esta materia que analiza la comisión, es solo un paliativo y no responde a lo que exige la sociedad en su conjunto”.
Por último al referir que a la asignación de los recursos financieros a los partidos políticos, se lleva a cabo en función de multiplicar 65 por ciento del salario mínimo vigente por el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, la propuesta en estudio no pretende establecer fórmulas legales de difícil comprensión para la ciudadanía, de la cual se necesita recuperar la confianza en las instituciones democráticas.
