Está visto que la administración de Omar Fayad Meneses se ha tomado muy en serio lo del combate a la corrupción, lo que por visto se en el momento justo, cuando el hartazgo por la misma es ya generalizado y brota fácil entre quienes han tenido que aprender a manejar “el moche” como parte ineludible de su formación profesional.

Lo  anterior se hizo evidente en la última reunión de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción –que ojalá y no sea la última a la que se invita a la prensa-, en donde se firmó un convenio con la contralora, Citlali Jaramillo, para transparentar la obra pública.

En la reunión fue presentado además el Observatorio de la Industria de la Construcción, de la CMIC nacional, que pronto será replicado en la entidad, tras el mismo objetivo.

La contralora abordó de manera por demás abierta, el tema de la corrupción que impera en esta industria, exhortando a los constructores a tener el valor civil de denunciar las corruptelas de que sean objeto; sin denuncia poco puede hacerse, les insistió.

Fue tanta la insistencia, que los constructores comenzaron a exponer que en esta industria, como en muchas otras, es indispensable “enaceitar la maquinaria” y “entrarle con el diezmo” en la mayoría de los casos para tener acceso a obra pública, y tras concluir la misma, a organizar “comilonas” y “mesa de vinos”, para los funcionarios encargados de recepcionarla, según se expuso.

Una situación conocida por todos, de la que mucho se habla pero en voz baja y sin entrar en detalles, y parte ineludible de la formación que deben recibir los constructores.

En varias ocasiones se comentó, de ambas partes, la política del gobernador Fayad Meneses en materia de combate a la corrupción, insistiéndose en que ésta “va de verdad” y que “en este sexenio no habrá nuevos ricos”, como expuso Jaramillo.

Al final de la reunión los constructores se fueron retirando, escépticos aún de que el combate a la corrupción se lleve, realmente, hasta sus últimas consecuencias.

Y es que de ser así, no sólo se abatirá un cáncer que encarece la obra pública y empobrece la calidad de la misma, sino habrá que aprender nuevas formas de hacer negocios en las que no medie la transa.

Porque de ser así, hoy más que nunca habrá que comenzar a barrer la escalera de arriba hacia abajo, pues son el “amiguismo”, el “compadrazgo”, el “diezmo” y los intereses políticos, los que han hecho que empresarios como Carlos Slim sea uno de los mayores constructores en el país, acaparando obras como el Arco Norte o parte del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin contar con una sola revolvedora en existencia o un albañil en nómina.

Se terminará con la arraigada práctica de que las obras se las llevan los grandes “constructores”, que luego subcontratan las obras a empresas medianas y pequeñas, pero llevándose, como tanto se ha denunciado, la mejor tajada del pastel.

Una práctica que se propició por una corruptela más: la de altos funcionarios gubernamentales que consiguen que estos “grandes constructores” inicien obras, subsidiándolas, mientras se “liberan” -o “jinetean”-, los recursos públicos destinados a las mismas.

Una cadena de corruptelas que deriva en carpetas asfálticas que a los pocos días presentan ya baches, puentes que se caen, techos que se filtran, o en otros sectores, aparatos médicos que no funcionan, medicamentos caducos, etcétera, etcétera.

 

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