La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias del Congreso desencadenó una avalancha de críticas de la oposición venezolana y de varios países de la región contra el gobierno de Nicolás Maduro por considerar que el fallo constituye un golpe a la Constitución y el Estado de derecho en el país.
La sentencia de la Corte, señalada de estar controlada por el gobierno, agudizó el conflicto entre los poderes públicos y amenaza con profundizar la crisis.
En el fallo —que fue difundido la noche del miércoles— el Tribunal resolvió que «mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga».
Un «cacerolazo» masivo en protesta por la sentencia se extendió la noche del jueves en la capital venezolana, en el que personas golpeaban ollas y cacerolas desde los balcones de los edificios y las entradas de sus casas en varios sectores del este de la capital.
Desde algunos edificios incluso se escuchaban gritos de «Fuera Maduro».
Unas 50 personas, apostadas en una de las principales autopistas del este de Caracas y portando banderas nacionales y silbatos, se manifestaron rodeadas de policías que trataban de restablecer el paso en la vía donde permanecían varios vehículos que no pudieron avanzar debido a la protesta.
«Los 30 millones de venezolanos debemos salir a las calles para enfrentar la dictadura que hay en Venezuela», dijo Daniela Tani, de 41 años, coordinadora de la organización opositora Vente Venezuela.
«A partir de hoy llamamos al artículo 350 (de la Constitución) y nos declaramos en desobediencia civil», agregó Tani, que estaba junto a otros manifestantes en medio de la vía bloqueando el paso, custodiados por decenas de policías.
El artículo 350 establece que el pueblo venezolano «fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia… desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos».
En enero de 2016, tras una aplastante victoria, la oposición asumió el control del Congreso por primera vez en 17 años. Desde entonces, el Tribunal ha emitido casi medio centenar de sentencias contra leyes y acuerdos aprobados por el Legislativo y lo ha declarado en desacato.
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, denunció que «en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado». A su vez, el diputado opositor Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, explicó que «ya no se trata de anular todas las actuaciones de la Asamblea Nacional, sino de usurpar todas sus competencias permitiendo que puedan aprobar nuevas leyes que le den más poder al dictador (Maduro) para seguir destruyendo a nuestra Venezuela».
El fallo se dio a conocer un día después de que los países miembros de la OEA se reunieran en Washington para debatir sobre la situación política en Venezuela.
«Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado», sentenció en un comunicado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien catalogó como un «auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional».
Almagro también recordó el carácter preventivo que tiene la Carta Democrática Interamericana, que «debió haber sido accionada con rigurosidad para no lamentar otro golpe de Estado en el hemisferio».
No hubo consenso sobre una propuesta de Almagro para suspender a Venezuela del bloque, pero la sesión terminó con el compromiso de 20 naciones de monitorear la situación y tomar medidas para asegurar que el gobierno venezolano entable un diálogo.
El jueves por la tarde, el departamento de Estado norteamericano condenó la decisión del Tribunal de asumir las responsabilidades del Congreso y advirtió que debilita a las instituciones democráticas. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Donald Trump agregó que esta medida «usurpa los poderes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos democráticamente» y niega al pueblo venezolano el derecho a moldear el futuro de su país a través de los representantes electos.
Horas antes, el gobierno de Perú condenó en un escrito la decisión del Tribunal Supremo venezolano por considerar que «constituye una ruptura del orden constitucional y democrático » y en consecuencia decidió «retirar de manera definitiva a su embajador».
En la que fue la primera reacción del gobierno venezolano, la canciller Delcy Rodríguez, sin mencionar la sentencia, rechazó categóricamente el «comunicado injerencista del gobierno del Perú sobre asuntos de la jurisdicción interna venezolana».
El gobierno del presidente boliviano Evo Morales, en tanto, expresó su «solidaridad e incondicional apoyo» ante lo que considera como «un nuevo ataque y acoso político que intenta fracturar la democracia, desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocer la Constitución Venezolana».
«Ese tipo de acciones solamente atentan la unidad de Latinoamérica y El Caribe y responden a intereses extraterritoriales, con claros actos de injerencia que vulneran el Derecho Internacional», agregó la cancillería boliviana en un comunicado en el que criticó la postura antagónica asumida por varios de la región sobre la crisis política en Venezuela.
Panamá y México también expresaron «su profunda preocupación» por las recientes decisiones del máximo tribunal. El gobierno mexicano además reiteró lo manifestado en una declaración divulgada la semana pasada por un grupo de 14 países, en la que pidieron elecciones inmediatas, liberar a los presos políticos y respetar las decisiones de la Asamblea Nacional.
A su vez, la canciller colombiana María Ángela Holguín resaltó la importancia del «respeto por la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia», mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski escribió en su cuenta de Twitter que «América Latina es democrática. Es inaceptable lo que ocurre en Venezuela».
Tiempo después, la presidencia de Argentina emitió un comunicado en el que informó que el presidente Mauricio Macri se reunió con la esposa del líder opositor Leopoldo López, quien permanece encarcelado en Venezuela, y agregó que el mandatario hizo un llamado a «recomponer el orden democrático en Venezuela».
Por su parte, la presidenta chilena Michelle Bachelet escribió en su cuenta de Twitter que «la situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades». La mandataria, de gira en Portugal, convocó a Chile a su embajador en Venezuela «a informar», medida diplomática con la que se expresan desacuerdos y críticas.
Eric Olson, director asociado del programa latinoamericano del Wilson Center, evitó catalogar el acto judicial como un golpe de Estado, pero afirmó que deja en evidencia la ausencia de separación de poderes en el país.
«No quiero usar ese término porque tiene muchas connotaciones pero es bien claro que la democracia en Venezuela está totalmente desacreditada y ya no hay instituciones independientes», dijo Olson. «No sé si esta es la gota que derrama el vaso, pero sí es otro argumento a favor de que ya no hay espacios y que la comunidad internacional tome algunos pasos».
El Tribunal declaró en desacato a la Asamblea por negarse a cumplir una sentencia que había bloqueado la juramentación de tres diputados opositores del estado de Amazonas por la supuesta compra de votos. Aunque posteriormente el Legislativo revirtió dicha juramentación, el máximo Tribunal mantuvo la medida invocando una serie de tecnicismos y dejó en un limbo legal la situación de los legisladores electos.
A comienzos de esta semana, el Tribunal también abrió el camino para poner límites a la inmunidad de los legisladores tras declarar nulo el respaldo de la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. En esa sentencia, la Sala Constitucional ordenó a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un «Estado de conmoción» y «revisar las diversas leyes» ante el desacato del Congreso.
La sentencia del miércoles, que permite la creación de empresas mixtas sin el visto bueno de la Asamblea, se produjo en momentos en que la Asamblea Nacional investiga una serie de acuerdos que estaría tramitando el gobierno al margen del Legislativo, que por ley debe avalarlos, y que incluyen la creación de cualquier empresa conjunta entre la petrolera estatal venezolana y empresas privadas internacionales.
