Beijing. La aplicación de la pena de muerte en China sigue envuelta en secreto y supera al resto del mundo combinado, incluso después de experimentar un notable descenso en la última década, dijeron activistas de derechos humanos el martes.
Amnistía Internacional reportó 1.032 ejecuciones estatales en todo el mundo en 2016, excluyendo China, donde se desconoce la cifra real porque el gobierno la considera un secreto de estado. El grupo cree que Beijing ejecutó a miles de personas, pero no ofreció un dato más preciso por la falta de información exacta.
El grupo de derechos humanos Dui Hua estimó que el año pasado se llevaron a cabo unas 2.000 ejecuciones, lejos de las 6.500 de hace una década, dijo su director ejecutivo, John Kamm. El recuento se basó en una investigación de casos de tribunales menores y en contactos con funcionarios del gobierno y expertos legales de China y Occidente.
Amnistía apuntó que su dato de ejecuciones en todo el mundo, a excepción de China, supone un descenso del 37% con respecto a 2015. Estados Unidos aplicó la pena capital a 20 personas, la cifra más baja en 25 años, en parte por los fallos judiciales y la escasez de los químicos que componen las inyecciones letales.
Mientras otros países recurren cada vez menos a la pena de muerte, el de China está considerado un caso aparte, señaló el director de Amnistía Internacional para el este de Asia, Nicholas Bequelin.
Funcionarios del gobierno no realizaron comentarios de inmediato sobre el reporte de Amnistía. Pero el presidente del Tribunal Supremo chino, Zhou Qiang, dijo a la legislatura nacional el mes pasado que en la última década las ejecuciones se limitaron a «un número extremadamente pequeño de delincuentes por delitos extremadamente graves».
La comunidad internacional presiona desde hace años a China para que limite el uso de la pena de muerte, que alcanzó su punto álgido en 1983 con 24.000 casos después de que las cortes provinciales recibieron autoridad para dictaminar este tipo de sentencia, según Dui Hua.
Beijing también recibe críticas por extraer los órganos de reos ejecutados, que en ocasiones vende a pacientes en el extranjero. China prohibió esta práctica en 2015 pero Bequelin apunta que es imposible saber si la venta de órganos ha cesado porque el sistema legal opera dentro de una «caja negra» con poca transparencia.
