El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rodrigo Abdala Dartigues, sentenció que la corrupción en el gobierno como institución es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal en Puebla, por lo que exigió sensibilidad y compromiso para desterrar a la delincuencia organizada que entra contra la vida de los poblanos.
En un comunicado de prensa, el legislador por Morena, sentenció que a fin de componer el tejido social se debe prevalecer el Estado de Derecho comenzando por apoyar a las víctimas de la violencia y no criminalizarlas, lo que incluye apoyar a las familias de los militares y civiles que son víctimas de esta violencia en Puebla.
Consideró que si los recursos públicos que durante los últimos 7 años se destinaron a construir obras -10 veces más caras que su valor real- de poca funcionalidad y escaso beneficio social, mejor se hubieran destinado a fomentar el desarrollo regional, no se estaría lidiando con las consecuencias del incremento de las actividades ilícitas y criminales asociadas a la cultura del robo y venta de combustible mejor conocido como huachicol.
«El avasallamiento de nuestras comunidades no debe ser la solución para atender el problema del robo de combustible», aseveró Abdala Dartigues.
De igual forma, expuso que la corrupción que se registra en el sistema gubernamental desde el último lustro, puede estimarse en 25 mil millones de pesos (a razón de poco más de 4 mil 166 millones por año).
Abundó que estos «recursos pudieron ser destinados al desarrollo económico, al fomento y creación de cadenas productivas pero en cambio, parte de ese dinero se destinó a costear actos de dudosa legalidad como la publicidad proselitista de Rafael Moreno Valle a nivel nacional. Es así que la corrupción del gobierno estatal es una de las principales causas del incremento de la violencia criminal».
El diputado federal refirió en el sexenio de Felipe Calderón las tomas clandestinas no eran más de 400 en todo el país. Pero hoy, de acuerdo a datos de Pemex logística, las tomas clandestinas pueden llegar a un número cercano a los 6 mil 200 y en Puebla se concentra el 60 por ciento de esas tomas.
Por último opinó que el haber solicitado la intervención de 2 mil 500 efectivos militares adicionales y permitir su irrupción al interior de las comunidades es un acto de enorme gravedad y torpeza, que responde a la desesperación, pero no a una estrategia planificada de combate al crimen.
«Esta decisión, nos parece muy alarmante porque estamos ante el preludio que en Puebla se repliquen acontecimientos como los de Tlataya en el Estado de México o de Tanhuato en Michoacán. esta situación de violencia es resultado de la irresponsabilidad y corrupción de los gobiernos del PAN», agregó.
