Ciudad de México. Durante la sesión de este martes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, urgió al Gobierno Federal y a las 32 entidades federativas  a tomar acciones contundentes para revertir el robo de combustibles.

Legisladores de las distintas fuerzas políticas, convergen en la necesidad de impulsar medidas que pongan fin a este delito que vulnera la seguridad de las personas y compromete el patrimonio económico del país.

La diputada federal Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza (NA), dijo que el Estado mexicano no ha sabido poner fin a este tipo de acciones, que no sólo ocasionan un daño al patrimonio nacional, sino que también han puesto en peligro la vida de miles de personas y de comunidades enteras.

Indicó que su bancada en la Cámara Baja se compromete a dotar al Estado de herramientas jurídicas necesarias para acabar con el robo de combustible.

Deploró que lamentablemente, la delincuencia organizada ha rebasado a la autoridad, como en el caso de Puebla, que dejó a 10 personas muertas por el enfrentamiento de huachicoleros y miembros del ejército.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano (MC), consideró que es momento de llamar la atención a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Federal (PF) para que cumplan con su deber “y dejemos de ver estas atrocidades”.

Señaló que salta a la vista, que comunidades enteras del estado de Puebla viven del delito, del robo y nadie dice nada, lo ven como algo normal. Por eso, agregó, alarma esta base social y preocupa la tolerancia al delito; “no debemos permitir eso, hay que reflexionar y hacer un exhorto al poder Ejecutivo para que cumpla con su deber”.

La coordinadora de los diputados del Grupo Parlamentario de Morena, Rocío Nahle García, dijo que este tema se ha dejado crecer por más de una década. Puso como ejemplo que, en 2009, se registraron 13 mil 259 millones de litros de hidrocarburos perdidos y, en 2012, aumentó a más de 18 mil millones, lo que equivale a más de 62 mil millones de pesos.

Refirió que, en 2016, el robo de combustible se incrementó de manera alarmante al registrar 30 mil millones de litros. Acusó que esto sucede debido a que existe una corrupción de la clase política, altos funcionarios de Pemex, personajes del crimen organizado y huachicoleros de todas las regiones para permitir el robo de combustible.

En este sentido, el senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que quienes roban hidrocarburos cometen un delito grave, pero la falta de castigo es uno de los principales incentivos para que esta actividad se realice y expanda: segmentos sociales del “Triángulo rojo” en Puebla participan en la ordeña, transporte, distribución, almacenamiento y venta de combustibles robados, de ahí, que el mero envío de fuerzas federales a la zona no resolverá el problema.

La diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del PVEM, indicó que Pemex pierde todos los días alrededor de 27 mil barriles diarios como resultado del robo de combustibles, que llevan a cabo las bandas de delincuencia organizada.

Expresó que es fundamental redoblar esfuerzos y trabajar de manera seria un programa enfocado en el combate al robo de combustibles, tomando conciencia del inmenso daño y peligro que provoca en la sociedad.

En tanto, la senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, refirió que en los dos primeros meses del 2017, se realizaron mil 646 tomas clandestinas; en promedio diario, los grupos delictivos han realizado 28 perforaciones en el mismo lapso de tiempo, “nueve perforaciones más, diarias, que el promedio en 2016”.

No podemos centrarnos únicamente en la acción delictiva de las personas que roban combustible, es necesario ampliar la mirada de este fenómeno hacía las causas estructurales que han facilitado la proliferación de los grupos delictivos que lo cometen, puntualizó.

Para erradicar el problema, el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que se requiere una solución integral, voluntad política y aplicación estricta de la ley, terminar con la corrupción en Pemex y la complicidad de servidores públicos.

Exhortó a aprobar un dictamen en la materia, enviado al Senado durante la última semana del periodo ordinario. Asimismo, consideró necesario un plan de prevención integral de largo plazo para terminar con el robo de gasolina, así como programas de empleo específico para las comunidades donde se presenta esta actividad ilícita.

Por su parte, el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó las pérdidas por el robo de combustible, que ascienden aproximadamente  entre 15 a 20 millones de dólares al año y, en consecuencia, disminuye la recaudación de IEPS por la compra de gasolina.

Este delito afecta al patrimonio y lacera las instituciones del Estado mexicano y pone en riesgo a familias y no se puede tolerar ni permitir; por lo que celebró y respaldó la decisión del Ejecutivo Federal para combatir frontal e integralmente a la delincuencia organizada que ha gozado de total impunidad en Puebla.