Si algo muestra de manera irrecusable la actual contienda electoral en el Estado de México, es la violación sistemática de los preceptos legales y constitucionales del régimen político, declaradamente democrático y comprometido con la soberanía del público-elector y la provisión de comicios justos y libres, es decir sin coacciones, ni trucos ni trampas. Lo que se ha visto hasta ahora, dicho sin tapujos, no son meros actos episódicos de trampa o sesgos truculentos esporádicos (tiros de precisión, dirían algunos), sino un cúmulo de actos que acredita sobradamente el despliegue de un operativo político vasto, aplastante y abierto para inclinar la balanza hacia el candidato oficial.
A menos que las teorías descriptivas y normativas de la democracia hayan experimentado recientemente un giro semántico de 180 grados, de lo cual no hay noticia, la dinámica electoral del Estado de México aporta evidencia más que sobrada para arribar a una conclusión cruda y difícil de digerir: estamos situados en el momento de quiebre de la democracia electoral; o, desde una mirada diacrónica, de la inminente regresión autoritaria.
¿Cómo ha sido posible llegar a este punto, luego de una década (1991-2000) de reformas y comicios electorales exitosos? Respuesta: mediante la captura de las instituciones electorales forjadas en la etapa de la transición. Naturalmente, es de precisar que esto rebasa las solas posibilidades de la institución presidencial y, por el contrario, reclama la conformación de un amplio soporte transpartidista, capaz de aportar los votos suficientes para impulsar reformas electorales ad hoc y procesos de selección, también ad hoc, de los altos mandos de las instituciones electorales: consejeros del INE, magistrados del Tribunal Electoral y fiscal electoral
Apariencias aparte, hay que entender que regresión autoritaria no significa en el caso mexicano vuelta atrás hacia el presidencialismo autocrático, sino sustitución del clásico dedazo por mecanismos hiper sofisticados, por lo mismo altamente funcionales, para otorgar a los patrocinadores de los cargos públicos (partidos-poderes fácticos, etc.) márgenes amplios de control sobre los resultados electorales, es decir, para maximizar sus chances de promover a los cargos a sus candidatos y reducir las oportunidades de los candidatos non gratos. Si alguna duda hay sobre el éxito de la coalición partidocrática hegemónica para hacer del sistema electoral vigente un medio cierto para el patrocinio de sus candidatos, ésta puede despejarse revisando las biografías (y los apellidos) de los senadores y diputados gananciosos de los últimos 50 o 70 años.
Ciertamente, más allá de que unas 300 familias conservan el monopolio, hay diferencias sustanciales entre el reparto presidencialista y el reparto partidocrático, asociadas éstas al marco legal e institucional operante entre 1990 y 2017. Lo que antes procedía como dedazo presidencial operado a través del partido oficial, hoy pasa por un abigarrado cúmulo de procesos de arbitraje (INE), persecución de delitos (FEPADE) y sanciones judiciales (TEPJF), operado por una burocracia aristocrática disciplinada ciegamente a los designios de sus patrocinadores, que añade dosis acotadas de incertidumbre a los resultados electorales con costes crecientes de desconfianza social y deslegitimación.
Precisamente, la condición para que los comicios del Estado de México discurran en medio de un escandaloso caudal de rapiña electoral descansa en la voluntad y capacidades de las burocracias electorales para practicar el desinterés y la indiferencia frente al pillaje desbordado. Sendas declaraciones leguleyas de los consejeros Lorenzo Córdova y Marco Antonio Baños, que declaran con nulo pudor y cinismo que no ven razón alguna para ejercer sus capacidades de atracción de los comicios mexiquenses, evidencian puntualmente la clave del juego partidocrático y las estrategias de la alta burocracia electoral para servir a dichos intereses. Habrá que preguntarles si tampoco ven en el desempeño de los consejeros electorales del IEEM, que ellos designaron, los rastros de un obrar divorciado de los principios constitucionales de certeza, objetividad, independencia, imparcialidad y legalidad.
Para mayores detalles, contrasta con su ceguera selectiva de la hobbesiana contienda electoral mexiquense, su desproporcional agudeza para mirar en los detalles minúsculos de la narrativa visual y lingüística de los spots non gratos intencionalidades sutiles contrarias a la ley, sólo observables por ellos, a través de su curiosa y cromática lupa.
Si alguna duda cabía acerca del interés espurio de árbitros, fiscales y jueces en los resultados electorales, los acontecimientos del Estado de México se han encargado de disiparla. A estas alturas, se ha convertido en mero dato el acelerado proceso de perversión operado por las altas burocracias electorales. Lo que viene por delante, poco lugar hay a la duda, es la agudización del sesgo partidocrático, que será directamente proporcional a la incertidumbre de la llegada de una opción anti-sistémica.
Por lo pronto, la opción anti-sistémica más fuerte, ya externó públicamente su desencanto con las burocracias electorales, especialmente con la del INE. Así, es muy alta la probabilidad de que su victoria desemboque en una nueva reforma electoral que, entre otras cosas, ponga fin al arreglo partidocrático vigente y deponga a los consejeros actuales. En tal escenario, los actuales consejeros tienen todos los incentivos para sumarse a la causa por la cual detentan sus cargos y aristocráticas remuneraciones: inclinar la balanza hacia un candidato del sistema.
La emergencia de expresiones de protesta como “Ahora” y “Nosotrxs” es alentadora, entre otras cuestiones, porque revela claridad meridiana en cuanto al problema estratégico de revertir la captura (valdría decir, perversión) de las instituciones estatales. La oposición crítica, no necesariamente partidista, tendrá su mirada puesta en la acción de esas burocracias, que por desgracia viven en la autocomplaciente ceguera de que su fin se reduce a cumplir la ley, olvidándose de la misión democrática y justicialista.
*Analista político
