En lugar de fortalecer nuestros parámetros de prevención del delito, estamos esperando a que sucedan las cosas para reaccionar, nos estamos convirtiendo en un estado reactivo y eso es grave.
Así analizó la situación del país el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) Matías Rivero Marines, respecto al asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, y sobre los otros cinco comunicadores en lo que va del año.
Dijo que a principios de este año en el presupuesto de egresos se redujo en un 50 por ciento el presupuesto para la prevención del delito, es decir, para programas sociales, de generación de empleo, capacitación, reconstrucción del tejido social, y por eso –advirtió- estamos viendo las lamentables consecuencias de aumentos brutales en temas de seguridad publica, aumentos en delitos del orden federal y el orden común, robo autopartes, robo a casa a habitación, secuestros, homicidios; “eso es un gran problema, un estado reactivo y no preventivo”, insistió.
Por ello, indicó que se necesitan fortalecer los programas de prevención del delito y es fundamental que los Diputados federales se den cuenta que si no se robustece dicha área, se va a continuar exactamente con lo mismo.
“Si no lo fortalecemos seguiremos siendo reactivos; de aquí en adelante el presidente Enrique Peña Nieto podrá citar a gabinete de seguridad en los 10 o 20 años próximos pero lamentablemente estamos viendo cómo los índices de inseguridad están creciendo de manera preocupante”, afirmó.
A la par, señaló que se están viendo índices de impunidad brutales, es decir, “el delincuente va a delinquir y no va a pasar absolutamente nada, no va a pisar la cárcel; los ciudadanos debemos de denunciar y tener confianza en las instituciones”, matizó Valdez Cárdenas.
En una reunión del gabinete federal con los estado, el secretario de gobernación Osorio Chong, afirmó que «Es claro que hoy debemos ir más allá, para que los periodistas puedan realizar su labor sin temor».
Mientras que Raúl Cervantes de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que «Existe una deuda importante con el gremio periodístico. Esos ataques son contra la libertad y la democracia».
