El expresidente que puso a Brasil en primera línea del panorama mundial fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero, una decisión histórica que subraya que nadie está fuera de alcance en la gran investigación sobre sobornos en el país latinoamericano.
La condena el miércoles al expresidente Luiz Inácio da Silva fue la victoria más importante hasta la fecha en el caso, que ya ha supuesto cargos contra docenas de personas de la elite política y empresarial y recuperado más de 3.000 millones de dólares en ingresos ilícitos.
Aunque el juez Sergio Moro defendió la decisión afirmando que se basaba únicamente en la ley, Lula tachó el juicio de caza de brujas y se esperaba que arengase a sus seguidores en su defensa en una conferencia de prensa que convocó para el jueves.
El primer presidente de Brasil de clase trabajadora, condenado a casi 10 años de prisión, permanecerá en libertad mientras se dirime su apelación, pero ahora es el primer expresidente condenado en un proceso penal al menos desde la restauración de la democracia en la década de 1980.
Mientras tanto, el actual presidente, Michel Temer, afronta sus propias acusaciones de corrupción.
“Es muy inusual tener a un expresidente condenado por corrupción y al mismo tiempo a un presidente en el cargo también bajo investigación”, dijo Sérgio Praça, politólogo en la universidad Fundaçao Getúlio Vargas en Río de Janeiro. “Hoy es un momento enorme para la historia brasileña, para bien o para mal”.
Los brasileños han pasado por tres años accidentados conforme la creciente operación “Autolavado” revelaba un nivel de corrupción que ha conmocionado hasta a los más cínicos. Al mismo tiempo, Dilma Rousseff fue impugnada y destituida por gestionar de forma ilegal el presupuesto federal. Y ahora su sucesor, Temer, se ve asediado mientras la cámara baja del Congreso decide si se le suspende y somete a juicio.
La pesquisa se centró en un principio en miembros del Partido de los Trabajadores al que pertenece Lula, pero desde entonces ha derivado en cargos por mala conducta contra políticos de todas las corrientes. Eso ha avivado el descontento contra los privilegiados mientras Brasil lucha con su peor crisis económica en décadas.
Los brasileños toman las calles con frecuencia, ya sea para apoyar a políticos que creen están siendo atacados de forma injusta o para respaldar a los fiscales y jueces que los investigan.
