La Audiencia Nacional española interrogaba el viernes a dos altos cargos de la policía regional catalana y a los líderes de dos grupos civiles independentistas que están siendo investigados por sedición.
Los cuatro estaban citados el viernes por la mañana para declarar sobre su papel en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona, cuando la policía española detuvo a varios funcionarios y miembros del gobierno catalán y registró oficinas para impedir un referendo sobre la independencia convocado para el 1 de octubre.
Las autoridades españolas afirman que las manifestaciones complicaron la actuación policial y la policía regional, los Mossos d’Esquadra, no hicieron suficiente para repeler a los inconformes que impedían salir de un edificio a los agentes de cuerpos nacionales de policía.
La vista se celebraba en medio de una de las mayores crisis políticas en España en los últimos tiempos. España ha condenado el referendo de independencia afirmando que es ilegal, inconstitucional e inválido.
Tres de los cuatro acusados de sedición llegaron a la Audiencia Nacional en Madrid para declarar. Se trataba del jefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, que llegó vestido con su uniforme; Jordi Sánchez, líder de la Asamblea Nacional Catalana, el principal grupo civil en el movimiento de independencia, y Jordi Cuixart, presidente del grupo independentista Omnium Cultural.
La cuarta investigada, la teniente de los Mossos Teresa Laplana, tenía previsto declarar por videoconferencia desde Barcelona por motivos médicos.
Ante el tribunal esperaban manifestantes independentistas, incluidos varios políticos. Algunas personas alzaron papeletas del referendo. Docenas de policías españoles estaban desplegados en el exterior.
Carlos Campuzano, portavoz del Partido Democrático de Cataluña, criticó la vista del viernes y afirmó que las manifestaciones del mes pasado no podían considerarse ilegales de ninguna forma.
“Otra nueva expresión de la manera absolutamente equivocada, autoritaria, represiva (con la que) el Estado está respondiendo a la demanda pacífica, democrática y cívica de la sociedad catalana”, dijo a la prensa ante la Audiencia Nacional.
Los cuatro investigados, que quedaron en libertad sin restricciones tras declarar, tendrán que comparecer de nuevo en los próximos días después de que un fiscal presente nuevas pruebas.
El Tribunal Constitucional español ordenó el jueves que el parlamento catalán suspendiera una sesión prevista para la próxima semana en la que los legisladores separatistas tienen previsto declarar la independencia.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, instó al líder separatista del gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, que cancelara sus planes de declarar la independencia para evitar “males mayores”.
En una entrevista el jueves con la agencia española de noticias EFE, Rajoy dijo que la solución en Cataluña “es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia porque con eso además se evitarán males mayores”.
Las declaraciones de Rajoy fueron las primeras desde el domingo, cuando Cataluña celebró el referendo de independencia cancelado por las autoridades españolas en medio de una violenta operación de la policía española para intentar detener la votación. Puigdemont dijo que los resultados de la cuestionada votación validaban la iniciativa independentista.
