La llegada constante de venezolanos a Cúcuta, occidental población colombiana en la frontera con Venezuela, amenaza con agrandar el problema social que ya existe entre pobladores de ambos países.
La localidad colombiana se ha convertido en punto de llegada de venezolanos que buscan desde solo comprar alguna mercancía escasa en su país, hasta sumarse a la emigración que se da a otros países de la región.
La tensión quedó en evidencia este lunes cuando bombas incendiarias fueron lanzadas contra unos 900 venezolanos que habían adoptado un centro deportivo en el norte de la localidad como sitio de estancia denominándolo Hotel Caracas.
Pero los vecinos colombianos levantaron quejas acusando que los llegados generaban basura y delincuencia en la zona, por lo que demandaron su expulsión. El evento de las bombas incendiarias mostró ese descontento.
Los residentes de las cercanías del deportivo también denunciaron que al pasar por el área, los venezolanos les exigían dinero para permitirles transitar.
En un gesto de buena voluntad, el alcalde César Omar Rojas Ayala ofreció la construcción de dormitorios para los venezolanos y desalojar el deportivo e inclusive algunas calles que ya también estaban ocupadas.
Empero, las autoridades centrales colombianas señalaron la inviabilidad de esa medida pues los venezolanos carecían de estatus de refugiados, por lo que el problema debía de ser atendido con otras medidas.
La instalación de dormitorios o albergues requiere la participación de Naciones Unidas a través de su agencia para refugiados (ACNUR), pero solo procede en caso precisamdente de refugiados, lo que los venezolanos no son, explicó Rojas.
La medida finalmente adoptada consistió en dividir a los venezolanos en dos grupos. El primero, de aquellos que contarán con pasaporte y estancia legal, seria trasladado a otra parte de Colombia, y el segundo grupo, sin documentos, regresados a su país.
Este miércoles desde temprana hora se cumplió el desalojo en camiones militartes colombianos. Algunos fueron llevados a otras regiones del país si estaban en estancia legal y contaban con familiares en esas zonas.
A otros se les llevó a la frontera con Ecuador, apenas unos 27, y el tercer grupo, alrededor de 200, a la frontera con Venezuela.
Por su parte la gobernadora del estado de Táchira, fronterizo con Colombia, la opositora Laidy Gómez, pidió al presidente Nicolás Maduro, ya en campaña de reelección, que reconozca la crisis migratoria y tome las medidas necesarias.
