William Córdoba, condenado por robo y asesinato en la prisión estatal de San Quintín en California, consiguió una indemnización de 65.000 dólares después de que acusara a la funcionaria Silvia Pulido de obligarlo a sostener relaciones sexuales.
Los abusos comenzaron en el 2010, cuando el recluso trabajó en la oficina de Pulido, quien ejercía el cargo de instructora vocacional del penitenciario.
De acuerdo con la víctima, la funcionaria lo habría convencido de sostener relaciones sexuales a cambio de que le proporcionara un abogado que lo ayudara a reducir su sentencia. Sin embargo, meses después, Cordoba declinó a su propuesta provocando que la ahora imputada lo denunciara por indisciplina, la cual lo confinó a estar sólo en una celda por 9 meses.
Por lo anterior, en 2012 el reo denunció a Pulido y solicitó terapia psiquiátrica para recuperarse del acoso.
Durante el juicio los abogados de la empleada de la prisión calificaron las denuncias de Córdoba de «delirantes». Pero un jurado compuesto de ocho personas falló a favor del recluso. Finalmente, la indemnización ascendió a 15.414 dólares por daños compensatorios y a 50.000 por daños punitivos.
