El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) debe aclarar mil 74 millones 370 mil pesos en recursos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), de los cuales no está comprobado su uso, resolvió la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, se detectó que el Grupo Aeroportuario aún tenía pendientes por devolver 137 millones 613 mil pesos con irregularidades, según revelan al menos cinco de siete auditorías realizadas durante dicho año.
De las citadas auditorías, la de más pendientes por aclarar fue la de los contratos firmados entre el GACM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de la barda perimetral en el NAICM, con 389 millones 670 mil 200 pesos.
Entre las principales observaciones en la revisión de los contratos se encuentra la falta de soportes de aportaciones del Grupo Aeroportuario a la Sedena y que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos se incluyó de manera indebida el 16 por ciento por por concepto del IVA en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales.
Además, hubo errores en el cálculo del IVA en materiales, se autorizaron pagos sin verificar y se formalizaron convenios fuera de tiempo, en algunos casos, firmados por personal no facultado; sobre todo, en la extinción de derechos y obligaciones de un contrato.
Por estos motivos, la ASF solicitó a las contralorías correspondientes promover dos responsabilidades administrativas sancionatorias.
En tanto, la auditoría a los contratos de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías, reveló un monto por aclarar por 267 millones 816 mil 600 pesos y 133 millones 598 mil pesos por recuperar, esto por irregularidades en los trabajos y en los cálculos de salarios para el personal a cargo.
Por ello, la ASF determinó recomendar a la Cámara de Diputados modificar el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Obras de Públicas para que en los ajustes de costos a los contratos de servicios relacionados con obras públicas se considere sólo al personal operativo y técnico y no al personal profesionista y especialista.
Dicha acción, con el fin de “evitar el aumento en forma desproporcionada y que genera notorio daño al erario público«.
También, los contratos relacionados con trabajos como la extracción, carga y acarreo de material de demoliciones, desperdicios y desazolve tuvieron irregularidades, ya que no se verificó que los volúmenes considerados para el pago coincidieran con las secciones topográficas del proyecto.
Las recuperaciones probables de dichas irregularidades son por hasta 4 millones 14 mil 300 pesos y sus aclaraciones pendientes por 205 millones 731 mil 400, esto por inversiones físicas adjudicadas y contratadas de forma indebida.
