Relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron a las autoridades mexicanas a asegurar que un nuevo proyecto de ley sobre publicidad oficial establezca independencia y la libertad de expresión a los medios.
Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y su homólogo en la ONU, David Kaye, señalaron que “miembros del Gobierno de México utilizan miles de millones de pesos al año en publicidad oficial, pero la falta de regulación constituye un serio riesgo para la independencia de los medios y viola el derecho a la información”.
Su principal preocupación es que el proyecto de ley “deje un amplio margen de discreción a las autoridades gubernamentales para establecer criterios para la asignación y uso de fondos gubernamentales para publicidad”.
Asimismo, consideraron esencial contar con criterios preestablecidos con claras obligaciones gubernamentales para “explicar los fundamentos jurídicos y razones para la adopción de decisiones sobre la asignación de los fondos de publicidad, a fin de evitar el abuso y el gasto excesivo”.
Recalcaron que la ley debe prohibir claramente el uso de publicidad oficial con fines electorales o partidarios o para infringir la libertad de los medios, y establecer mecanismos para la vigilancia externa mediante un órgano autónomo; así como procedimientos de responsabilidad y sanciones en caso de incumplimientos.
