El día de ayer, en la ciudad de Chihuahua, AMLO dio el banderazo a los foros de consulta para la pacificación del país. Desde la perspectiva del gobierno electo, se trata del primer paso en la remoción del viejo paradigma de seguridad ciudadana e impartición de justicia y la construcción de uno cualitativamente diferente.
En un escenario de tamaña complejidad como el mexicano, sería un tanto falaz sostener que se trata de la política primordial del Estado, así en singular, porque hay frentes igualmente urgentes e insoslayables, tales como el desarrollo económico, la generación de empleo, la socialización de las nuevas generaciones y el combate a la pobreza, la corrupción y la impunidad.
Sin menoscabo de ello, bien puede sostenerse que, además de importante, se trata de la que está llamada a ser la política emblemática dentro del nuevo gobierno, de tal suerte que su implementación, quiérase o no, pondrá en juego una buena parte de su capital político y de credibilidad.
Lo que hasta ahora puede rescatarse son la buena voluntad del gobierno a abrirse al diálogo con los grupos de interés, la disposición explícita a colocar en el centro (cualquier cosa sea lo que ello signifique en términos prácticos) a las víctimas del combate belicoso al crimen organizado, a valerse del modelo de justicia transicional y, por cierto, a privilegiar el principio de reparación del daño por sobre el principio de imposición de sanciones a los delincuentes.
Abierta la puerta, muy probablemente, empezarán a cobrar vigor las preguntas prácticas relevantes. De entrada, una básica y que pone en aprietos la figura de la amnistía ¿cómo distinguir entre el perdón y el olvido?
A este respecto, si bien en lo genérico la postura del próximo presidente de apostar por el perdón sin el olvido parece clara, lo cierto es que abre más interrogantes de las que resuelve.
Vayamos a un caso concreto y atinente a colocar en el centro el reclamo de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente. ¿Es susceptible del perdón el alto funcionario de la PGR, Tomás Zerón, por haber invadido dolosamente y fuera de protocolo la escena del crimen, para supuestamente “sembrar” evidencias?
O también, ¿son susceptibles de perdón los dueños de la guardería ABC por las muertes de los niños en sus instalaciones, los funcionarios que incumplieron con la aplicación de la normatividad en materia de permisos y los funcionarios públicos responsables de procurar e impartir justicia?
Si la respuesta sobre recibir el perdón fuese afirmativa, el no olvido encontraría su mejor oportunidad como señalamiento o condena moral. ¿Acaso la regla será la aplicación del perdón jurídico, es decir, la dispensa de la sanción por una violación a la ley, a cambio del señalamiento público sobre la inmoralidad en el proceder?
Y en este punto las dudas apenas empiezan. En un país inundado por la corrupción y la impunidad, las experiencias de agravio son la moneda corriente, sobre todo en lo que concierne a los miembros de las castas política y burocrática.
¿Habrá perdón para los saqueadores de la riqueza nacional? Enfáticamente, por ejemplo, los gobernadores, casi todos, que ocuparon cargos en el último sexenio; los que, según se rumora, pasaron de políticos a empresarios petroleros o que han amasado fortunas sin proporción alguna con sus salarios nominales.
Más en lo general, subyacen las preguntas basales sobre los criterio a aplicar para distinguir entre lo perdonable y lo imperdonable, así como entre los otorgantes y los receptores del perdón?
Al momento de hacerme estas interrogantes, me pregunto también si los impulsores de estos foros tienen la suficiente claridad para prever y gestionar los riesgos de un debate que se antoja hiper complejo, no sólo porque amenaza con incumplir expectativas que se perciben elevadas, sino también porque esto, devenido en una genuina caja de Pandora, puede tornarse ingobernable.
La existencia de dichos riesgos no es razón suficiente para optar por dejar las cosas como están. De hecho, es riesgoso para AMLO estar montado sobre una oleada de 30 millones de votos esperanzados en el cambio, y no emprender cambios sustanciales.
Quizás por ello sea pertinente remarcar que estamos entrando en el escenario inédito de invocar el perdón y el olvido, a fin de impulsar una reingeniería de nuestra memoria social que nos libere de las ataduras con nuestro pasado tortuoso para que podamos hacer emerger una visión de futuro.
Por lo pronto, la buena noticia es que ya se abrió el camino a la pacificación; y la no tan buena es que se perciben varias zonas de incertidumbre y pocas señales de certeza práctica de parte del equipo conductor.
Construir los sabios equilibrios entre el perdón y la sanción, sin lugar a dudas, es el desafío clave del éxito. Se puede y se debe, ciertamente, aprender de las lecciones internacionales. Aún así, conviene no llamarse a engaño. En lo que concierne a las tareas de transformación, más vale partir del entendido de que cada situación histórica es cualitativamente diferente.
A diferencia de muchos eventos físico-naturales, para los cuales existen parámetros de resistencia, el mundo social está lleno de enigmas. ¿Qué tanta frustración estamos dispuestos a aceptar por el perdón que no queremos conceder y qué tanta capacidad tenemos de dejar en el olvido las malas experiencias de nuestra historia reciente? Lo más probable es que lo sepamos sobre la marcha.
He aquí el desafío a la inteligencia del gabinete de seguridad de AMLO. Suerte.
* Analista político
@franbedolla
