La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)responsabilizó al Estado mexicano por las violaciones a derechos humanos cometidas en 2006 por policías contra 11 mujeres en el municipio de Atenco, en el Estado de México, cuando el gobernador era Enrique Peña Nieto, ahora expresidente de México.
¿Qué sentenció la Corte?
En la sentencia notificada este viernes, la Corte Interamericana encontró al Estado mexicano responsable de “la violencia sexual, violación y tortura sufridas” por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En esas fechas, la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía del estado de México y la Policía Federal Preventiva realizaron operativos para reprimir unas manifestaciones que iniciaron tras un conflicto con vendedores de flores.
Durante la intervención de las corporaciones, fueron detenidas las 11 mujeres víctimas, quienes durante su detención, traslado e ingreso al penal “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia.
En relación a estos abusos, la Corte Interamericana determinó que:
- Las 11 mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales.
- Siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales.
- Todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo, pero no limitándose, a las violaciones sexuales.
¿Qué ordena la corte?
Tras determinar que el operativo policial utilizó la violencia sexual como práctica represiva, se ordenó al Estado mexicano:
- Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas.
- Brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten.
- Continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas.
- Crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México.
- Establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza.
- Elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexualcometida contra Mujeres.
- Que el Estado pague determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, reintegre gastos y costos, y reintegre los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.
¿Qué pasó en mayo de 2006 en Atenco?
La policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía del estado de México y la Policía Federal Preventiva realizaron operativos para reprimir unas manifestaciones que iniciaron tras un conflicto con vendedores de flores el 3 de mayo de 2006.
En el curso de los operativos fueron detenidas las 11 víctimas del caso, quienes fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas.
Varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual.
Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.
