La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, obediente al dictador Nicolás Maduro, retiró la noche del martes la inmunidad parlamentaria al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, lo que le abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo y detenerlo.
Al grito de “¡eso es justicia, justicia popular!” los constituyentes aprobaron retirarle el fuero a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en la víspera anunció que lo procesaría por desacatar en febrero una decisión que le prohibía salir del país.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció al final de una sesión, que se extendió por más de dos horas, la aprobación de un decreto constituyente que autoriza retirarle la inmunidad al jefe del Congreso para proseguir con una investigación penal en su contra.
“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza”, afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó, al que identificó como la “nada”.
El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe” ya que está “en desacato” de las decisiones del Poder Judicial.
El jefe de la Constituyente, a quien el gobierno estadounidense ha sancionado junto a más de medio centenar de funcionarios, aseguró que el Ejecutivo “no se intimida” ante el poder y las amenazas de Washington, e instó a sus colegas a prepararse para eventuales sanciones.
“No hay vuelta atrás en este proceso”, afirmó Guaidó al descartar que la decisión de la Constituyente y su posible detención vayan a detener las acciones emprendidas por la oposición para destituir al dictador Maduro.
Desde las puertas del edificio donde vive en el este de la capital y rodeado de decenas de vecinos, Guaidó dijo a la prensa que las medidas aprobadas por el Tribunal Supremo y la Constituyente responden al “miedo” del gobierno por el recrudecimiento de las protestas a los recurrentes apagones y las fallas en el servicio de agua.
“Esto es simplemente una respuesta política de unos cobardes”, agregó.
Cuestionado sobre los costos políticos que deberá asumir el gobierno, Guaidó indicó que el primero será la convocatoria el 6 de abril a una “mega protesta estratégica organizada”.
Dirigiéndose a las autoridades, el jefe del Congreso expresó que “si quieren avanzar háganlo, pero asuman las consecuencias”.
“Quiero saber quién de las fuerzas armadas o de los cuerpos y organismos de seguridad del Estado se va a prestar para secuestrar al presidente de la República”, señaló el opositor al reconocer la posibilidad de ser detenido tras la decisión de la Constituyente.
Ahora, sin ningún tipo de protección constitucional, el dirigente opositor de 35 años puede ser juzgado y enfrentar una eventual detención, lo que dejaría a la oposición sin su principal figura y motor de las recientes protestas antigubernamentales que han exacerbado las tensiones contra Maduro en el inicio de su segundo sexenio.
