El gobierno del magnate Donald Trump congeló todos los activos del gobierno de Venezuela, en un significativo recrudecimiento de las tensiones con el dictador Nicolás Maduro que coloca a su gobierno socialista en una lista de adversarios de Washington -Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán- que han sido blanco de sanciones agresivas.
La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entró en vigor el lunes. Es la primera de su tipo en el hemisferio occidental en más de tres décadas, luego de una congelación de activos contra el gobierno del general Manuel Noriega en Panamá y un embargo comercial al liderazgo sandinista en Nicaragua en la década de 1980.
La orden ejecutiva firmada por Trump fundamenta la decisión en la continua “usurpación” del poder por parte de Maduro y en los abusos a los derechos humanos por sus allegados.
Aunque la orden no es un embargo comercial formal -elude al aún considerable sector privado venezolano-, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en enero.
“El objetivo aparente es darle a Estados Unidos la capacidad de aplicar la ley más allá de sus fronteras a aliados de Maduro como China, Rusia, Cuba, Irán y Turquía”, dijo Russ Dallen, jefe de la correduría Caracas Capital Markets, con sede en Miami. “Si dichas entidades extranjeras siguen haciendo negocios con Maduro, Estados Unidos podría congelar sus activos”.
El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, insinuó horas antes el lunes que Estados Unidos planeaba actuar al respecto pronto. En declaraciones a los periodistas la víspera de una conferencia internacional en Perú para demostrarle apoyo a Guaidó, dijo que Washington estaba preparando medidas “que mostrarán la determinación de Estados Unidos para obtener una transferencia pacífica del poder” en Caracas.
Rusia, que apoya a Maduro, denunció las acciones este martes. Konstantin Kosachev, jefe de la comisión de asuntos internacionales de la cámara alta del Parlamento ruso, dijo que las sanciones equivalen a “vandalismo internacional”, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal de noticias RIA Novosti. Kosachev agregó que eso “representa una abierta intromisión a los asuntos internos de Venezuela”.
Es probable que las medidas agraven las penurias en la ya de por sí moribunda economía de Venezuela, que sufre una hiperinflación de seis dígitos y una profunda contracción que supera la de la Gran Depresión de Estados Unidos.
Se harán excepciones en los casos de envío de alimentos, medicinas y ropa. Las transacciones con el sector privado de Venezuela, el cual aún tiene un tamaño considerable, tampoco parecen verse afectadas. No estaba claro cómo afectaría el decreto a la petrolera estadounidense Chevron, que el mes pasado recibió una moratoria de tres meses del Tesoro estadounidense para continuar sus prospecciones petrolíferas con la petrolera estatal PDVSA.
El gobierno de Maduro no respondió en un principio a las medidas. Pero Guaidó celebró la noticia, señalando que protegería a la petrolera con sede en Houston CITGO -el activo venezolano de mayor valor en el extranjero- de los intentos de Maduro de hipotecar sus activos.
“Toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben”, afirmó en una serie de tuits a última hora de la noche.
