Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general el dictamen en materia de combate a empresas fantasma y facturas falsas.

Los legisladores iniciaron la discusión de los artículos reservados, entre los que destaca la tipificación de dicho acto ilícito como delincuencia organizada.

Además de las bancadas del PAN, PRI y PRD, los legisladores morenistas Sergio Mayer, Lorena Villavicencio, Martha Patricia Ramírez, Javier Castañeda y Ulises Murguía votaron contra el dictamen.

De acuerdo con el dictamen, la expedición, venta, enajenación y compra de comprobantes fiscales que amparen operaciones con facturas falsas se sancionará con una pena de entre dos y nueve años de prisión, cuando el monto defraudado supere los 7 mil 800 pesos.

Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional, así como a los códigos Fiscal de la Federación, Nacional de Procedimientos Penales y Penal Federal, prevén el endurecimiento de las acciones contra las más de 9 mil empresas “fantasma dedicadas a expedir y enajenar facturas falsas y cuyo desfalco al erario supera los 250 mil millones de pesos cada año.

Al comienzo de la discusión, la mayoría parlamentaria del Partido Morena y sus aliados desecharon las mociones suspensivas presentadas por las bancadas del PAN y del PRD para frenar el debate y devolver el proyecto a comisiones, con el argumento de que las reformas representan en los hechos acciones de terrorismo fiscal” contra los contribuyentes.

El legislador priista Enrique Ochoa señaló que la reforma atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y el Estado de derecho, por lo que llamó a rectificar.

Si no lo hacen, van con el terrorismo fiscal a matar la gallina de los huevos de oro, van a afectar el crecimiento económico, van a afectar la inversión, van a afectar la recaudación y van a lastimar al país”, advirtió.

Por su parte, el panista Marco Antonio Adame consideró que atentan contra la justicia tributaria y el espíritu constitucional.

Este paquete de reformas es innecesario, inapropiado y desproporcional, una verdadera amenaza para los contribuyentes porque, tal como está planteado, no distingue entre contribuyentes y delincuentes y eso es muy grave cuando se trata de definir una política pública que busque combatir delitos y generar condiciones de confianza, de transparencia y de legalidad para el pago de las contribuciones y de los impuestos”, dijo.

Por Partido Morena, Dolores Padierna justificó que los llamados “factureros” son delincuentes peligrosos amparados por anteriores gobiernos y normas “light”.