El gobierno de México presentó ante el Senado un paquete de iniciativas con el que se busca la reforma judicial para enfrentar la grave crisis de inseguridad e impunidad que vive el país, azotado por la violencia asociada al crimen organizado.
La propuesta respaldada por el presidente Andrés López persigue, entre otros temas, permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en juicios y restringir el uso de amparos para acelerar extradiciones, según borradores del proyecto vistos por la agencia Reuters.
«Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleve a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia, que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99 por ciento de impunidad en México«, dijo el consultor jurídico de la presidencia, Julio Scherer, en la presentación en el Senado.
La autoridad detalló que se propondrá una Ley Nacional de Justicia Cívica, un proyecto de Código Nacional de Procedimientos Penales, un proyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, un proyecto de Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así como reformas a varios artículos de la Constitución y leyes vigentes como la de Amparo.
Las iniciativas serán presentadas formalmente a inicios de febrero, para que luego ser debatidas en el Congreso, donde López Obrador y sus aliados cuentan con mayoría.
Además, las modificaciones pretenden homologar la legislación encargada de perseguir los delitos en un Código Penal Nacional para que pueda ser aplicado fuera de México, cuando se cometan en el extranjero pero produzcan efectos en territorio nacional o contra mexicanos, como el tiroteo de El Paso, Texas, en agosto del año pasado, donde fallecieron ocho connacionales.
López ha prometido combatir la corrupción y la inseguridad, pero sus adversarios lo acusan de haber cosechado pocos éxitos y han cuestionado su estrategia, en una país donde los homicidios asociados al crimen organizado se cuentan por decenas de miles cada año.
La reforma judicial fue presentada un día antes de que llegue a México el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para tratar con autoridades del país latinoamericano temas de seguridad, luego de recientes tensiones entre ambas naciones sobre cómo lidiar con los cárteles mexicanos.
