Centenares de médicos cubanos llegaron en días recientes a países en los que la pandemia del coronavirus sigue produciendo estragos y manteniendo a sus sistemas de salud al borde del colapso. Vistiendo batas blancas, portando banderas y barbijos, se les vio aterrizar en Jamaica, recibir aplausos en su tránsito hacia Andorra y montar hospitales de campaña en Lombardía.
Hace dos años, la administración del presidente Donald Trump –en el marco de la campaña que Estados Unidos mantiene contra La Habana–, empezó a criticar los programas de envíos de personal sanitario alegando que el gobierno isleño abusaba de los trabajadores y lucraba con su trabajo.
Cuba insistió en que las brigadas mostraban el carácter humanista de la revolución, aunque parte de ellas se tradujeron en ingresos para el Estado.
Ahora, las presiones de Washington que hicieron regresar a casa a miles de doctores cubanos que trabajaban en sectores pobres de Brasil, Ecuador y Bolivia en 2018 y 2019, resurgieron en medio del agravamiento de la pandemia de COVID-19.
Vuelos con enfermeros, técnicos y médicos cubanos de laboratorios salieron en menos de diez días hacia al menos 14 países, entre ellos, Italia, Andorra, Venezuela, Nicaragua, Surinam, Jamaica, Dominica, Belice, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves.
“Soy conocedora de la posición de Estados Unidos, pero nosotros somos un país soberano y podemos escoger los socios con los que vamos a tener colaboración”, dijo María Ubach, la ministra de exteriores de Andorra cuando se le cuestionó por la presencia cubana en el principado europeo.
Treinta y nueve isleños llegaron a Andorra el fin de semana. Poco antes, 52 especialistas cubanos inauguraron un hospital de campaña en Cremona, Lombardía. Poco después salieron otros 39 al principado de Andorra.
A Venezuela, el principal aliado político y económico de Cuba viajaron 130.
El ministro de salud cubano, José Ángel Portal, indicó el fin de semana que en estas dos semanas han viajado 590 médicos cubanos de la Brigada Henry Reeve para luchar contra el coronavirus.
En paralelo, y a pesar de que las cifras de contagios y muertes van en aumento, Estados Unidos trató de disuadir a las naciones del mundo de beneficiarse del personal cubano.
“Cuba ofrece sus misiones médicas internacionales a los afectados con #COVID-19 sólo para recuperar el dinero que perdió cuando los países dejaron de participar en el abusivo programa”, manifestó en Twitter la semana pasada el Departamento de Estado.
“Los países anfitriones que buscan la ayuda de Cuba para #COVID-19 deberían analizar los acuerdos y poner fin a las arbitrariedades laborales”, agregó la dependencia estadounidense.
La colaboración en salud con otros países comenzó en los 60 tras el triunfo de la revolución encabezada por el fallecido líder Fidel Castro con el envío de expertos a países subdesarrollados, pero no fue sino hasta 2005 -con el paso del Huracán Katrina por el sur de Estados Unidos- que se formó la brigada Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”.
Su participación más reconocida, incluso por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue durante el brote de Ébola en África en 2014 y constituyó un elemento en el acercamiento propiciado por el entonces presidente estadounidense Barak Obama.
Trump le dio un vuelco radical a la política de la Casa Blanca hacia la nación caribeña, incrementando las sanciones para asfixiar la economía isleña como una forma de provocar un cambio de modelo político de más de seis décadas poco afín a Washington.
El respaldo cubano -sobre todo a las naciones pobres- es en muchas ocasiones gratuito, pero en otras se cobra por él. Una parte del pago se destina a los médicos y otra va al presupuesto nacional, precisamente lo que Estados Unidos busca restringir.
Se desconocen las condiciones de los acuerdos de cada país con la isla, pero en el caso de Brasil -de donde se retiraron 8.000 médicos cubanos en 2018 luego de una disputa con el presidente Jair Bolsonaro-, Cuba cobraba 3.100 dólares mensuales por cada doctor. De aquel monto, el gobierno se quedaba con el 70%, aunque mantenía las plazas, salarios y beneficios de esos expertos en casa.
