El gobierno de México, a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), informó este martes que acatará las suspensiones definitivas emitidas a favor de las empresas de energías renovables, pero avisó que impugnará dichas decisiones judiciales que frenan su reciente acuerdo energético.
El 19 de mayo, empresas energéticas presentaron recursos de amparo ante un juez contra el polémico “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”, emitido el 29 de abril, que obliga a frenar la puesta en marcha de centrales solares y eólicas durante la contingencia sanitaria.
Entre los demandantes están la empresa española FV Mexsolar XI, que construye un parque solar en el estado de Veracruz, y la mexicana Dolores Wind.
Este lunes, un juez federal, especializado en competencia económica, otorgó seis suspensiones definitivas a igual número de empresas que frenan el acuerdo.
Ante ello, en un comunicado emitido este martes, el Cenace ratificó que “atenderá lo señalado en las resoluciones en los términos en que fueron emitidas, no obstante, se harán valer los medios de impugnación que la ley le otorga”.
El Cenace confirmó que fue notificado de seis resoluciones dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por un juez y vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por algunos generadores contra el citado acuerdo.
El organismo reiteró que “hará válido ante las autoridades respectivas la falta de competencia del juez en cuestión, dado que se trata de un asunto administrativo y no de competencia económica”.
Lo anterior, en virtud de que “el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se encuentra fuera de comercio”, según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana, en concordancia con algunos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.
La nota señaló que el juez que otorgó la suspensión definitiva “sin el conocimiento de la situación técnica”, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el Cenace «está obligado a rendir un informe técnico» en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.
Dijo que “aun desconociendo los alcances técnicos, otorgó la suspensión definitiva sin identificar el impacto al SEN, poniendo en peligro dicho bien público en perjuicio del Estado mexicano”, representado por el Cenace para estos efectos.
El citado juez tiene en trámite más de 20 amparos y se prevé que mantenga el mismo criterio.
La semana pasada, el presidente Andrés López respaldó a la titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo a medios que el gobierno respetará el derecho de sector privado de acudir a instancias legales, pero también defenderá sus intereses.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha denunciado que las reglas del Cenace afectarán proyectos eléctricos en 18 estados con una inversión de más de 30.000 millones de dólares.
Además, peligran 44 proyectos en construcción con más de 6.400 millones de dólares de inversión, denunciaron la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee).
Ambientalistas y empresarios han advertido que el gobierno pretende usar el combustóleo residual de la refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex) para las plantas termoeléctricas de CFE, lo que resultaría en más contaminación.
