El asesinato de mujeres embarazadas para la sustracción de sus hijos debe de combatirse y erradicarse antes que se convierta en un patrón criminal, porque si este modus operandi lo incorporan los cárteles será otra barbarie para el país, alertaron activistas y defensores de derechos humanos enfocados en temas de seguridad y de la niñez.

El reciente feminicidio de Mónica Segura Temich, una joven de 22 años de edad y con ocho meses de embarazo, volvió a poner en el ojo público y en la lupa de las organizaciones civiles este fenómeno que se detectó en el país desde hace al menos siete años, según los registros hemerográficos, y que implica la comisión de hasta tres hechos delictivos: feminicidio, robo de niños y adopción ilegal.

Aunque los grupos del crimen más poderosos del país aún no adoptan en sus operaciones esa forma de actuar, es claro que se trata de delincuencia organizada y las autoridades en México se han quedado cortas para atacarlo, plantean los especialistas.

Mónica Segura fue reportada como desaparecida el primer día de junio, luego de que salió de su casa para reunirse con una mujer que le donaría ropa de bebé. Su cuerpo fue encontrado el 27 de junio en una quinta ubicada en la colonia Jardines de la Silla, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P, y Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), recordaron que los asesinatos de mujeres embarazadas no son nuevos, se han presentado desde hace varios años, aunque las autoridades poco han avanzado en su combate.

La familia de Mónica, por ejemplo, sospecha que detrás del crimen contra la joven hay una banda; lo mismo dicen las evidencias que salieron a la luz pública. Otras mujeres reportaron a la prensa de Nuevo León que fueron contactadas durante su embarazo para ofrecerles ropa para ellas y sus hijos.

Los especialistas coincidieron que las mujeres con mayor grado de vulnerabilidad a estos delitos son las que se encuentran en condición de pobreza y generalmente viven en colonias populosas, en zonas rurales y, además, son muy jóvenes.

“SOBRE TODO ES GENTE HUMILDE O DE ESCASOS RECURSOS, ES UN PATRÓN QUE SE HA VENIDO VIENDO A LO LARGO DE ESTOS AÑOS”, REVELÓ GUILLERMO GUTIÉRREZ.

Juan Martín Pérez alertó que esta situación es grave porque podría tratarse de una nueva forma en que opera la delincuencia organizada: “creo que estamos viendo una nueva variante del crimen organizado que está teniendo en niños y mujeres embarazadas un blanco de ataque”.

Gutiérrez Romero expuso que –con base a la información pública y los casos que su organización atiende– se trata de pequeños grupos o parejas quienes cometen estos delitos, pero podrían estar vinculados a redes más grandes o tener contacto con organizaciones más sofisticadas que se dediquen a la venta de infantes.

“Hasta ahorita son pequeños grupos o parejas. Los bebés son vendidos a padres que quieren hacer una adopción ilegal o a otras organizaciones, pero el hecho que sean pequeñas células no quiere decir que ellos no puedan vender estos bebés a grupos más organizados. Habría que ver cuáles son los alcances de esta gente”, expresó.

Juan Martín Pérez consideró que hasta la fecha se podría tratar de una sola mafia territorial-temática con un modus operandi que lleva a varios estados.

Sin embargo, destacó que es necesario que las autoridades realicen las investigaciones y estudios correspondientes para determinar si se trata de una banda o de un patrón criminal, es decir, una práctica que se generaliza entre varios grupos.

“El asesinato de embarazadas tendría que alertar profundamente a los sistemas de inteligencia mexicanos, si es es que los hay, para evitar que esto se convierta en un patrón criminal, porque si esto lo incorporan los cárteles y el crimen organizado en el país va a ser una barbarie impresionante [..] Sería gravísimo que se convierta en un patrón porque eso significa que mujeres embarazadas están en gran riesgo”, dijo.