La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) denunciaron al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, por afectar las vías de comunicación al tomar la caseta del tramo carretero Tijuana-Playas de Rosarito, bajo el pretexto de un decreto que obligaba a la entidad a tomar posesión de la vialidad.

Ya se iniciaron las acciones correspondientes para que Capufe tome posesión y administración de la caseta de cobro y tramo carretero tomada por el gobernador; además que se denunciará por daño, interrupción y deterioro de la autopista, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Vías Generales de Comunicación”, advirtió la dependencia federal, según La Jornada.

El 7 de julio, Bonilla acudió a la plaza de cobro 34 “Playas de Tijuana” de la Autopista Tijuana-Ensenada acompañado de Guillermo Ruíz Hernández, fiscal general de la entidad, y anunció que por vía de un decretó haría que caseta y tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasen al gobierno de Baja California.

Al “expropiar” la caseta, Bonilla Valdéz, acompañado por la Fiscalía General del Estado y a la Policía Municipal de Tijuana, dijo resolvió que al ahora ser propiedad de la entidad, su gobierno se encargará de mantener y conservar el tramo carretero, por lo que la caseta ya no cobraría cuotas de peaje a residentes y automovilistas.

No obstante, miembros de la Guardia Nacional irrumpieron en el sitio horas después para recuperar el control de la vialidad.

Capufe y SCT condenaron la acción, al considerar que “viola la Constitución y diversas leyes federales”, dado que sólo la última puede otorgar permisos para construir y operar carreteras federales y autopistas, además de vigilar su funcionamiento, mantenimiento y cumplimiento de las leyes.

Guardia Nacional, unos “gángsters”

Bonilla consideró como un “acto gangsteril” la recuperación de la caseta por la Guardia Nacional, horas después de que él la “liberó” con un decreto estatal.

Llegaron con tanques de guerra, nada más faltó que trajeran misiles”, dijo en su comparecencia diaria vía Facebook.

Pidió al presidente Andrés López que ordene el retiro de la autoridad y “nos vamos a los juzgados”.

Dijo que Baja California no se merece ese trato porque es el estado del país que más lo quiere.

Hay que pagar caseta para llevar a los niños a la escuela y para ir por ellos … para ir al súper y para volver… es un abuso”, acusó.