La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México solicitó este jueves a diferentes autoridades información a fin de monitorear el cumplimiento de una recomendación relativa a la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010.
Entre estas fechas, pero de 2010, miembros de Los Zetas, uno de los grupos del narcotráfico más violentos que operaban en el noroeste de México, secuestró y dio muerte a 72 migrantes en una casa de San Fernando, en el norteño estado de Tamaulipas.
Además, durante abril de 2011 se descubrieron casi 200 cadáveres en fosas clandestinas de la zona, pero los funcionarios del estado intentaron minimizar la situación y relegar las responsabilidades al Gobierno federal.
La titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, el organismo se comunicará de manera directa con los familiares de las víctimas de estos hechos para transmitirles la información que las autoridades destinatarias de la recomendación 80/2013 les ofrezcan.
Los datos recabados acerca de, específicamente, la investigación de los hechos, las sanciones a los responsables, la garantía de no repetición y la reparación del daño serán puestos a disposición no solo de las víctimas, sino también de todo el pueblo.
De acuerdo a un comunicado de la CNDH, el organismo considera la atención a las víctimas de delito y sus familias como una prioridad.
Cabe destacar que la administración que encabeza María del Rosario Piedra Ibarra se encuentra en un proceso de fortalecimiento para redoblar esfuerzos en la atención de personas, particularmente de las víctimas de violaciones a derechos humanos con quienes se reunirá y mantendrá acercamiento directo, con base en los instrumentos jurídicos y los mecanismos institucionales a cargo de esta Comisión», dijeron.
Las matanzas a migrantes y la aparición de sus cadáveres en San Fernando entre 2010 y 2011, en unos hechos que dejaron 72 y 193 muertos, reflejaron tanto la existente crisis migratoria como el poder de los cárteles.
Desde entonces tanto los familiares de los fallecidos como defensores de derechos humanos y organizaciones han reclamado justicia a las autoridades pero la información todavía es muy escasa y, a pesar de la presión nacional e internacional no se han esclarecido los hechos al 100 %.
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