El nuevo etiquetado frontal de alimentos, que entra en vigor este 1 de octubre en una primera fase, es una de las regulaciones «más avanzadas del mundo y un ejemplo para la región«, aseveró este miércoles un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
«El etiquetado está basado en evidencia científica. La implementación de esta medida podría ayudar a la reducción del consumo de exceso de nutrientes dañinos«, dijo en conferencia de prensa, el doctor Fabio Gomes, asesor regional en nutrición y actividad física para las Américas en la OPS/OMS.
Este 1 de octubre entra en vigor la primera fase del nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas procesados, una medida que las autoridades fijaron como parte de las acciones para prevenir el aumento de casos de sobrepeso y obesidad en el país.
De acuerdo con la nueva ley, los productos industrializados y bebidas azucaradas deberán rotularse con un etiquetado de advertencia o con las características nutricionales en las que el producto supera el valor establecido.
Estas deberán contener un símbolo octagonal de fondo negro y borde blanco que diga «Alto en«, seguido de la característica que se tenga que destacar ya sea grasas saturadas, sodio y azúcares, entre otras.
Mauro Brero, jefe de nutrición de UNICEF en México, dijo que si bien el etiquetado por sí mismo tiene el potencial de brindar beneficios directos, aún se requiere armonizar con otras medidas para garantizar un ambiente saludable para niñas y niños.
«Por ejemplo, la reglamentación del marketing de productos alimenticios que se dirigen a ellas y ellos«, apuntó.
Por su parte, el doctor Israel Ríos, oficial regional de nutrición para América Latina y el Caribe de la FAO comentó que en América Latina existen 142.6 millones de personas en inseguridad alimentaria, un problema que repercute en el consumo de nutrientes dañinos.
«Al existir inseguridad alimentaria, las familias optan por dietas con exceso de nutrientes dañinos. De ahí la importancia del etiquetado«, manifestó.
Dijo que es necesario hacer ajustes a nivel de políticas públicas para transformar los sistemas alimentarios «a fin de permitir el acceso económico a dietas más saludables«.
