En su presentación, el diputado Jorge Gaviño (PRD) recordó que el lunes pasado -28 de septiembre- la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló en conferencia de prensa a Gasca Acevedo como una de las personas que financia al grupo de mujeres que mantiene ocupado el inmueble de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la calle de Cuba 60, Centro Histórico.
El legislador del grupo parlamentario del PRD cuestionó si la información que compartió la Jefa de Gobierno era una acusación contra la empresa o una denuncia contra esta mujer, y si hay evidencias de que estén financiando la toma de un edificio público, lo que representaría un delito que debe ser denunciado.
“Los invito a que ayudemos a la Jefa de Gobierno y cumplamos los deseos del Presidente y se abra este tema a debate, de lo contrario, lo que sucedió el lunes en la conferencia de prensa de la titular del Ejecutivo local no será otra cosa más que un acto de acoso y hostigamiento público por parte de la autoridad hacia una ciudadana que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad”, expresó.
En votación nominal del pleno del Congreso, esta proposición fue considerada de urgente y obvia resolución, y posteriormente aprobada y turnada a las autoridades correspondientes para su atención.
Exhortan a respetar legalidad y a garantizar las libertades
En el mismo sentido, el diputado Jorge Triana Tena (PAN) propuso un llamado respetuoso a la Jefa de Gobierno para apegarse estrictamente al principio de legalidad, respetar y garantizar la libertad de asociación, reunión y manifestación, y de libertad de tránsito.
El legislador Triana Tena aseguró que la información que se difundió desde la Jefatura de Gobierno sobre Beatriz Gasca, como supuesta patrocinadora de las manifestantes que tomaron las instalaciones de la CNDH, “no tiene elementos probatorios ni solidez, y sólo tenía como objetivo hacer escarnio de esta persona”, dijo.
Consideró que estas acusaciones carecen de fundamentos y violan el principio de legalidad; “las denuncias mediáticas no pueden convertirse en denuncias de barandilla del Ministerio Público”, además de ir en contra de las libertades de asociación y manifestación de las ideas.
“Este Congreso debería hacer un llamado a la Jefa de Gobierno, respetuoso, a que se apegue a este principio de legalidad y se abstenga de llevar a cabo este tipo de insinuaciones y este tipo de acusaciones sin fundamento, que insisto, ya le costaron su fuente de empleo, su trabajo, a Beatriz Gasca; y del mismo modo, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que haga lo propio e inicie de oficio las indagatorias correspondientes para saber hasta que punto fueron violados los derechos humanos de esta persona”, sugirió.
Las y los legisladores locales aprobaron en votación nominal esta proposición, que antes fue considerada de urgente y obvia resolución.
