La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 272 a favor, 0 abstenciones y 116 en contra, la consulta del presidente Andrés López para decidir si se lleva o no a juicio a sus predecesores.

El diputado federal de Partido Morena, César Agustín Hernández Pérez, aseguró que la consulta es constitucional, porque cumple con el requisito de transcendencia nacional.

Consideró que es fundamental “hacer justicia y resarcir los agravios al pueblo”.

Apuntó que la Cámara de Diputados tiene el deber ético de hacer todo lo conducente para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta. “No se debe olvidar que el pueblo es el que manda”.

Señaló que la rendición de cuentas en un país democrático jamás debe ser motivo de confrontación.

En tanto, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que investigar y enjuiciar a quienes le han robado al país, «es un clamor popular, por lo que se requiere de la participación del pueblo en esta determinación«.

Aseguró, que la corrupción no puede terminar sin acabar con la impunidad, y el máximo signo de impunidad son los expresidentes de la República, que “traicionaron” al país.

Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marcos Aguilar Vega, afirmó que la consulta sobre efectuar o no juicio a expresidentes no es un ejercicio de democracia participativa, no es necesaria, ni pertinente.

Al argumentar en contra del dictamen por el que resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta presentada por el presidente y se expide la convocatoria de la misma, desde tribuna, expuso que la aprobación por parte de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre este ejercicio es inconstitucional.

Indicó que la pregunta que se propone es “vacía de sentido”, por lo que carece de la fundamentación que ordena la Carta Magna.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que la justicia se aplica, «no se somete a consulta«.

En tribuna, apuntó que “en ningún país del mundo se realiza una consulta para poder proceder a investigar a un ciudadano”.

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, y ese organismo será la única instancia calificadora. El ejercicio se llevará a cabo el 1 de agosto de 2021.

La pregunta de la consulta será:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?