El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha despedido durante su mandato a unos 800 funcionarios y empleados gubernamentales por actividades ilícitas como parte de su campaña contra la corrupción.

«Voy a seguir persiguiendo a todos los trabajadores del gobierno que estén implicados en casos de corrupción», advirtió el mandatario la noche del lunes en un discurso televisado en el que mencionó con nombres y apellidos a algunos de los afectados.

Duterte -al que voces de la oposición acusan por supuestamente esconder una fortuna ilícita en cuentas en el extranjero- indicó que la próxima semana identificará a más funcionarios despedidos por cometer ilegalidades.

Aduanas, la Oficina de Inmigración, el Departamento de Obras Públicas, la Oficina de Rentas Internas o Philhealth -la empresa pública de seguridad social- han sido algunas de las agencias del gobierno afectadas por sonados casos de corrupción durante el mandato de Duterte.

El presidente indicó que los funcionarios despedidos han sido sancionados con multas administrativas y que el Defensor del Pueblo es la figura encargada de presentar cargos penales contra empleados gubernamentales implicados en delitos como sobornos o corrupción.

La guerra contra la corrupción -junto con la guerra contra las drogas y contra la insurgencia comunista- es uno de los ejes de las políticas de Duterte, quien el mes pasado ordenó al Departamento de Justicia, que actúa como fiscalía pública, que «investigue a todo el gobierno por corrupción» hasta el fin de su mandato en 2022.

En su encendido alegato contra la corrupción, Duterte también mostró una lista de la Comisión Presidencial Anticorrupción donde supuestamente figuran nombres de congresistas que solicitarían comisiones a cambio de aprobar proyectos, aunque no desveló sus identidades.

Duterte defendió que como presidente de Filipinas no tiene jurisdicción para acusar a congresistas sospechosos de corrupción, pero remitirá la lista al Defensor del Pueblo para que tome medidas.

«Según el derecho político, no tengo ningún derecho a investigar a congresistas, pertenecen a un órgano de gobierno separado», aclaró Duterte, quien instó al Parlamento a abrir una investigación interna.