Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Felipa Obrador Olán, prima del presidente Andrés López por tráfico de influencias en la asignación directa de contratos de Pemex para una empresa de su propiedad.
El grupo parlamentario del sol azteca recordó que Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participó en dos contratos con Pemex en la presente administración: el primero por 133 millones de pesos y el segundo por 231 millones.
Además, la empresa de Felipa Obrador recibió contratos por adjudicación directa de otras dependencias públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), el IMSS y el ISSSTE, por diversos montos económicos.
Los denunciantes señalan que, aunque López intentó descalificar la información revelada; Pemex confirmó haber otorgado contratos a su familiar.
”En opinión del GPPRD, en este hecho se configuran los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”, detallaron.
En la denuncia se cita el artículo 220 del Código Penal Federal, el cual establece que comete el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público que ilícitamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficio económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte y que dicho delito será sancionado con entre dos años y doce años de prisión y de ciento cincuenta días de multa.
Mientras, el artículo 221 establece que comete delito de tráfico de influencias el servidor público y el particular que indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución de otro servidor público que produzca beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia el artículo 220, delito que está penado con dos a seis años de prisión y de treinta a cien días de multa.
“Las y los diputados federales del PRD solicitaron a la FGR desahogar la investigación necesaria para la persecución de las conductas infractoras denunciadas y, en su caso, consignar penalmente a los presuntos responsables”, puntualizó.
