La activista Erika Flores se encadenó este viernes fuera de las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir justicia en casos de explotación laboral y violencia sexual infantil, y protección a defensores de derechos humanos.

Acompañada de tres de sus hijas, una de apenas meses de edad, Kika Flores, defensora de derechos humanos, demandó una reunión con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que conozca el caso de unos jóvenes originarios de Acapulco, Guerrero, explotados sexual y laboralmente.

«Represento a jóvenes que fueron explotados y abusados por un empresario de Acapulco y a quienes no se les ha hecho justicia desde hace casi tres años«, dijo a la agencia Efe.

De acuerdo con Flores, el empresario de nombre Federico «N» fue aprehendido en noviembre de 2018 y llevado al penal de Las Cruces, en Acapulco, pero hasta ahora no se ha dictado ninguna sentencia.

«No ha pasado nada«, lamentó.

Asimismo, Flores pedirá indagar los atentados en su contra, el más reciente ocurrido la madrugada del pasado jueves, cuando hombres armados intentaron ingresar a su unidad habitacional en el Estado de México, y al no poder hacerlo acribillaron a los guardias de seguridad.

«Dispararon, con un rifle R15, que es un calibre alto«, aseveró.

La mujer señaló que, por su trabajo como activista, recibe amenazas desde el pasado 13 de febrero, lo que ya comunicó al mecanismo de protección a Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues antes ya había sufrido otro atentado «pero afortunadamente no me pasó nada«, dijo.

Lamentó que las víctimas de delitos en México se vean obligados a huir y esconderse de forma permanente «por este sistema corrupto de los tratantes, pedófilos, violadores y hasta de las mismas autoridades«.

De acuerdo con cifras del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en México al menos 30 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en lo que va del sexenio del presidente Andrés López.