La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones el dictamen de la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés López al Congreso de la Unión, para reformar la Ley de Industria Eléctrica.
Según el documento, el objetivo central de la iniciativa es rescatar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dándole prioridad sobre la industria privada para despachar energía y garantizar un sistema tarifario de precios que solo serían actualizados de acuerdo a la inflación.
Al presentar el proyecto de dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica durante la decimotercera reunión de la Comisión de Energía, su presidente, Manuel Rodríguez González, aseguró que el cambio normativo de ninguna manera implica la concesión de un trato preferencial a la CFE.
Además, el legislador de Partido Morena manifestó el proyecto de dictamen tiene como propósito garantizar el orden de la prioridad del despacho mediante la operación de las centrales eléctricas en el actual contrato legado de la CFE y con el diseño de un nuevo contrato de entrega física de energía y capacidad a la red para quedar sujeto al orden que se detalla a continuación:
“Primero, energía producida por las hidroeléctricas; segundo, energía generada en otras plantas de la CFE; tercero, energía eólica o solar de particulares, y cuarto, ciclos combinados de empresas privadas«.
Explicó que lo anterior toma relevancia si se considera que el sistema actual de despacho eléctrico en el mercado eléctrico mayorista mexicano está basado en un modelo de costos que no reflejan los costos totales de generación, donde el criterio de decisión del despacho sólo considera los costos variables, aun cuando la ley se refiere al concepto de costos de producción.
El dictamen plantea también eliminar la obligatoriedad de cobertura de energía y capacidad a través de subastas, porque actualmente impide al suministrador de servicios básicos «contar con coberturas de energía y capacidad en grandes volúmenes y suficientes«; lo anterior debido a que la energía que en mayor proporción puede ser contratada al día de hoy, es a través de energías intermitentes, lo cual, asegura, constituye «un privilegio más para los privados, siendo un generador de plusvalía absolutamente desproporcionada«.
Por otra parte, expuso que las centrales de generación de la CFE proporcionan el respaldo, sin ser retribuido, “lo cual evidencia que se trata de un régimen de excepción absolutamente inadmisible e incompatible con el paradigma del Estado constitucional de derecho”.
Añadió que el órgano dictaminador reconoce que «el Estado de derecho debe prevalecer» en todos los ámbitos y actos del poder público, y por tanto la teoría de la causalidad en el derecho es esencial para la aplicación de la norma y que los actos administrativos deben respetar los principios constitucionales y legales.
A favor de la iniciativa, la diputada de Partido Morena, Dolores Padierna Luna, puntualizó que la iniciativa resuelve el tema de la sobreoferta de la capacidad de generación, la ausencia de condiciones equitativas para competir en el mercado, el desacierto de un despacho que no toma en cuenta los costos reales totales en la generación, los «cuantiosos subsidios que reciben las empresas eléctricas privadas«, la inequidad de los certificados de energías limpias y los daños derivados de los contratos con los productores independientes.
“La iniciativa tiene como eje principal la planeación del sistema eléctrico nacional para equilibrar la oferta con la demanda y condiciones equitativas en el mercado”, destacó
El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, resaltó que el dictamen representa al grupo mayoritario de la Cámara de Diputados (Morena, PT y PES) y que si no le parece a la oposición (PAN, PRI y PRD), “le echen ganitas” en la elección del próximo 6 de junio.
Fernández Noroña afirmó que la enmienda es para recuperar la “soberanía energética del país”, debido a que «los gobiernos neoliberales nos hicieron depender de la importación de gas para producir electricidad» y de cómo «pusieron en riesgo» el abasto de la electricidad.
“Es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, lo que estamos discutiendo es que dejemos de subsidiar a las empresas extranjeras, lo que estamos discutiendo es que ganemos en soberanía energética”.
El diputado federal del PRI, Enrique Ochoa Reza, acusó que se impuso una “mordaza” para que los legisladores de la oposición no se pudieran manifestar abiertamente durante la reunión en donde se discutió la enmienda que envió el titular del ejecutivo federal a la Cámara Baja, que se prevé sea discutida la próxima semana en el Pleno de San Lázaro.
El secretario de la Comisión de Energía lamentó que no se tomaron en cuenta ninguna de las opiniones que se emitieron en el parlamento abierto que se llevó acabo en la Cámara de Diputados con expertos en la materia del sector energético.
Hernán Salinas Wolberg, del PAN, afirmó que el proyecto, es una contrarreforma en el sector energético de la industria eléctrica que pone en riesgo la viabilidad del crecimiento económico, pero sobre todo «ponen en riesgo la posibilidad de que nuestro país pueda producir en el mediano y largo plazo la energía que necesitamos para seguir creciendo«, para tener las fuentes de trabajo que tanto se ocupan, máxime en el marco de la pandemia que estamos viviendo, que ha causado una grave afectación a la economía nacional.
“Tendrá efectos devastadores para nuestro país y para el futuro de nuestras generaciones”, enfatizó.
