Este miércoles, tanto el presidente Andrés López (en el Senado) como el partido Morena (en la Cámara de Diputados) enviaron sendas iniciativas relativas al actuar y los procedimientos de los jueces y para reformular los amparos y que estos no interfieran en el funcionamiento de empresas productivas del estado.
El mandatario entregó al Senado de la República una iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Carrera Judicial, que establecen un esquema de sanciones severas para castigar el «nepotismo» de jueces y magistrados, que contempla la inhabilitación hasta de 20 años por la comisión de faltas graves.
Estas leyes actualizan la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual, prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
En el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en: amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además, se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales, que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción, a través de integrantes del poder judicial.
La iniciativa busca aligerar la carga de los trabajos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que pueda enfocarse en sus facultades constitucionales en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional, al señalar que “es menester que ya no conozca de controversias o trámites que involucren una mera cuestión de legalidad”.
Morena no quiere amparos contra Pemex y CFE
Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de lo que llaman «austeridad republicana«, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado, es decir, de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
A través de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena busca adicionar dos fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y de fomento de empresas productivas del Estado.
La modificación busca cambiar el artículo 129 de la Ley de Amparo vigente para considerar que habría «perjuicios al interés social» o se «contravienen disposiciones de orden público» cuando se conceden suspensiones “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos” y “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de Empresas Productivas del Estado”.
Repitiendo los juegos de palabras del mandatario, Ascencio Ortega arguyó que la administración López busca acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y el «criminal saqueo» en las empresas propiedad del estado, los altos salarios, los «negocios al amparo del poder» y el «desmantelamiento» de la CFE y Pemex, lo que, dice, fueron práctica recurrente por «gobiernos anteriores«.
Por ello, dijo, se impulsaron las nuevas leyes federales en materia de remuneraciones de los servidores públicos y de «austeridad republicana«; sin embargo, los fines de estas leyes son «obstaculizados judicialmente» a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales.
“Como se aprecia, ni siquiera se ha realizado ningún acto de aplicación de la reforma, y como acto reflejo se impugna judicialmente, e igualmente como acto reflejo algunos jueces están otorgando la suspensión sin analizar debidamente si existe un interés público superior que deba privar en la materia.
«Con esta iniciativa no se está reduciendo de modo alguno el legítimo derecho de defensa judicial, los que son beneficiarios de la corrupción del pasado y que aún permanecen en la burocracia dorada podrán seguir impugnando judicialmente pero en consideración de esta esta proponente, ya no deben seguir gozando de la suspensión del acto reclamado”, graznó Celeste Ascencio.
