La ley a la Industria Eléctrica es una «aberración legislativa» que derivó en una ola de amparos en su contra, lo que demuestra su inconstitucionalidad y falta de apego a la legalidad, afirmó la diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karem Vargas Pelayo.

“El presidente y el legislativo, en todo momento fueron conscientes de que se estaba aprobando una aberración legislativa que derivaría en una ola de amparos, por lo que resulta un acto reprobable, el acecho y linchamiento político, a los jueces que solo cumplen con la legalidad, misma legalidad que el ejecutivo fue omiso en acreditar en su propuesta”, señaló.

La integrante de la Comisión de Energía en San Lázaro, calificó como “tiránica” la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó al Consejo de la Judicatura y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), investigar al juez que concedió el amparo a la Ley de la Industria Eléctrica.

Aseveró que con esta acción el titular del Ejecutivo Federal muestra el poco valor que le da al Estado de Derecho, a las Instituciones y a la división de poderes, ya que el Juez que otorgó la suspensión, “tiene un compromiso ante la sociedad Mexicana para cumplir y hacer cumplir la Ley, no los caprichos que se gestan en Palacio Nacional”.

“Todos los días atestiguamos de como al Presidente, se le olvido la frase de que nadie por encima de la ley, pues si sus caprichos se ven detenidos por violentar nuestra Constitución, es el primero en buscar estar por encima de las leyes”.

Vargas Pelayo, hizo un llamado al Poder Judicial, “a no dejarse intimidar, ya que las deficiencias legislativas derivadas de la sumisión de los legisladores de la mayoría al Ejecutivo tendrían consecuencias y la legalidad está poniendo las cosas en su lugar”.

Aseguró que el desconocimiento del derecho, los actos de autoritarismo y los ataques a la independencia y autonomía de otro poder, no son más que un acto desesperado de López Obrador, por hacer valer un capricho que ya les está saliendo bastante costoso y que tiene un trasfondo realmente preocupante, “la pésima administración de CFE y PEMEX, donde ahora pretenden legalizar lo ilegal, pero afortunadamente la división de poderes está evitando la violación de la ley”.