La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, retirarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal equiparable.

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados sólo encontró elementos que le permiten acreditar la probable responsabilidad del gobernador tamaulipeco, en el delito de defraudación fiscal equiparada por presuntamente haber omitido el pago de seis millones 511 mil 777 pesos de impuestos por la venta de un departamento en Santa Fe en la Ciudad de México.

Pese a ello, durante la sesión que se realizó en San Lázaro en donde el Pleno de la Cámara de Diputados se erigió como jurado de procedencia, Elizabeth Alcantar Cruz, representante de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se entregaron medios probatorios respecto a que el gobernador de Tamaulipas, participó además en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos y en el estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 a 2019, tratándose esto de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias, es decir un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres principalmente de su círculo familiar cuyo valor asciende a más 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones pesos que declaro poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas”, señaló.

Afirmó que el salario de un hombre que solo ha sido servidor público «no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos«.

En la investigación que se lleva a cabo en contra de García Cabeza de Vaca, dijo, se encontró que durante el periodo de 2016 a 2019, en su calidad de gobernador de Tamaulipas, conformó una organización y diseño un esquema operado desde el propio gobierno para enriquecerse ilícitamente y blanquear recursos.

Por su parte, Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora, sostuvo que existen fuertes indicios, para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el impuesto sobre la renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo superior a 6 millones de pesos.

La defraudación fiscal es una conducta frecuente en nuestro país. Pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia. Defraudar al fisco es robar a la nación porque los ingresos provienen de todos y deben regresar, a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”, indicó.

Sin embargo, Pablo Gómez reconoció que no hay elementos suficientemente fuertes para considerar que los recursos que llegaron a manos del gobernador de Tamaulipas fueran producto de procedencia ilícita, aunque tampoco puede existir la convicción de que no lo sean, es por ello que se tiene que poner en manos de las autoridades.

La Sección Instructora no asimila la totalidad de las conclusiones de la Fiscalía, pero no niega en forma alguna que pudieran tener bases suficientes en sede judicial, donde deben presentarse y que es en esencia lo que hay que resolver, si se abre la sede judicial o no. Ahí actuará la defensa y actuará el fiscal, en un concurso entre partes formalmente iguales”, estimó.

Refirió que la Sección Instructora únicamente tiene la convicción del delito de defraudación fiscal equiparable en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

PAN acusa irregularidades en el caso

En tanto, con una lona con la leyenda «¡Basta de persecución política!«, la bancada del PAN, en voz de coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, acusó el juicio de procedencia en contra del gobernador  de Tamaulipas, es “un acto faccioso” con fines electorales, que “se maneja a capricho desde la presidencia de la república”.

Romero Hicks señaló que en el proceso para la elaboración del dictamen sobre este caso se tuvieron varias irregularidades: publicación en redes sociales, por parte del coordinador de Morena, de la solicitud de desafuero; filtraciones de datos; uso de información de inteligencia que no se acredita como prueba; intento de convocatoria de la Comisión de Transparencia para discutir temas reservados al proceso.

Sustitución en último momento de un integrante de la Sección Instructora, y dejar sin voz y voto al PAN en la Sección Instructora cuando es el segundo grupo parlamentario con mayor fuerza.

Estamos frente a un acto faccioso, frente a un proceso dirigido a tiempos electorales, que es discrecional y sesgado”, afirmó.