De septiembre de 2020 a la fecha, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha suspendido de manera cautelara 56 servidores públicos, entre agentes del Ministerio Público, Oficiales Secretarios y Peritos, además de que inició 69 procedimientos disciplinarios por el incumplimiento a las obligaciones previstas en el Reglamento del Régimen Disciplinario del Personal Sustantivo.

La Unidad de Asuntos Internos detalló que el 18 de septiembre de 2020 entró en vigor dicho ordenamiento y que el 12 mayo, el Consejo llevó a cabo la primera sesión ordinaria de este año, en la que resolvió sancionar a siete servidores públicos: dos con amonestación pública; uno con suspensión por 30 días; y cuatro con destitución del cargo.

Las amonestaciones públicas fueron para un agente del Ministerio Público y un Oficial Secretario; el primero, por posiblemente presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) un escrito de acusación de manera extemporánea, y el segundo por probablemente tratar mal a una ciudadana que solicitó información de su familiar, detenido.

La suspensión cautelar por 30 días fue impuesta a otro agente del Ministerio Público, debido a que posiblemente no realizó las diligencias ordenadas por un Juez Penal para acreditar el delito de fraude en agravio de la víctima.

Por lo que respecta a la destitución del cargo de cuatro servidores públicos, uno de ellos, agente del Ministerio Público, posiblemente obligó a familiares a contratar los servicios funerarios a los deudos, y les solicitó dinero para la entrega de copias para los trámites ante la compañía aseguradora.

En otro caso, un agente del Ministerio Público fue destituido del cargo porque probablemente inició una carpeta de investigación por violencia familiar sin perspectiva de género, ni enfoque diferenciado por tratarse de un grupo vulnerable, y más aún porque debió iniciarla por tentativa de feminicidio.

La Unidad de Asuntos Internos continúa la integración de los expedientes de investigación iniciados con las quejas presentadas por la ciudadanía, a la que se le haya vulnerado algún derecho fundamental, así como con los procedimientos disciplinarios, para en su momento emitir la resolución correspondiente.