La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma de la administración López que limita en México la subcontratación laboral u “outsourcing“, informó este viernes el Poder Judicial.

Se concede la suspensión provisional“, estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.

Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el “outsourcing“, que considera herencia del “periodo neoliberal“.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50 por ciento de costos.

Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés López la tachó de “abusiva” y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año.

El amparo de Mary Kay, que realiza venta por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya llegaron a un acuerdo con López y los sindicatos en una reunión el 5 de abril.

La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva, según el expediente 736/2021.

Desde la publicación de la reforma, las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de “outsourcing“.

Con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.

La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.

Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.