La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a la defensa de Ricardo Anaya una copia de la carpeta de investigación que judicializó en su contra por un presunto soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética en el sexenio pasado.
La información fue entregada al abogado Eduardo Aguilar Sierra y consta de medios electrónicos, como memorias y discos compactos.
El litigante dijo desconocer el contenido de la información, por lo que comenzará a analizar el caso e investigarlo para preparar la defensa del excandidato presidencial, quien fue citado a comparecer el próximo 4 de octubre en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México.
“Un dato que me llamó mucho la atención es que no se encuentran las hojas numeradas de manera foliada. En la mayoría de las carpetas de investigación hay un ejercicio consecutivo de la hoja 1 a la N, pero en esta ocasión no hay un ejercicio consecutivo”, explicó.
Aguilar Sierra dijo que la información entregada consta de cinco tomos con anexos.
“Pudimos ver que no hay nada en contra del señor Anaya porque es una carpeta que contiene a diversas, evidentemente es una investigación vinculada con diversas personas físicas y contiene información de algunas áreas de investigación que tienen que ver con personas físicas vinculadas con esta causa penal”, declaró.
Funcionarios del gobierno federal han manifestado que Anaya abandonó México en julio pasado y arribó en Texas, Estados Unidos.
El pasado 26 de agosto, en una audiencia presidida por Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, los fiscales enteraron a Ricardo Anaya que se judicializó la carpeta de investigación por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.
Lo anterior, por la denuncia presentada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien reveló un supuesto esquema donde se entregó dinero a legisladores federales panistas para que aprobaran las reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña.
Sin embargo, Eduardo Aguilar Sierra, abogado del panista, argumentó que la FGR no le entregó copia de la carpeta a su cliente, lo que hacía imposible una adecuada defensa.
El juez Aquiles Villaseñor dio un plazo de 15 días a la FGR para entregar copia de la carpeta e hizo la aclaración a Ricardo Anaya de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.
Con información de Milenio
