La Fiscalía General de la República (FGR) abrió formalmente dos carpetas de investigación en contra de seis consejeros y del secretario técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), así como en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, por la presunta comisión de delitos de corrupción.
Fuentes de la FGR consultadas por Animal Político señalaron la apertura de dichas indagatorias luego de que se recibieron dos denuncias en contra de dichos servidores públicos por supuestos hechos irregulares. Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la FGR, aunque con autonomía técnica y de gestión.
La apertura de estas investigaciones penales, indicaron las autoridades consultadas, no prejuzga sobre si se cometieron o no los delitos que se denunciaron ni la responsabilidad de las personas que se señalan, pero el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de indagar los hechos que se le denuncian.
En el caso iniciado en contra de los consejeros del INE, la indagatoria se inició luego de que el pasado 23 de diciembre se recibiera una denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como al secretario Ejecutivo de dicho organismo Edmundo Jacobo Molina.
En la querella presentada se acusa a los denunciados de la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abusos de autoridad, ilícitos que supuestamente se habrían materializado en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.
Sobre Santiago Nieto, la carpeta de investigación en su contra se inició hace dos semanas luego de que se recibiera una denuncia anónima en contra de dicho exfuncionario por supuestos irregularidades en su patrimonio. En concreto, se le señala de haber adquirido cuatro propiedades y un vehículo de lujo cuyo monto presuntamente supera sus ingresos como servidor público.
