La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda de extinción de dominio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para quitarle la casa de Lomas de Bezares, supuestamente adquirida con los sobornos para la compra de Agronitrogenados.
La demanda fue admitida por el juez Segundo de Distrito en materia de Extinción de Dominio de la Ciudad de México, con competencia en toda la República Mexicana, desde el 11 de noviembre de 2021, según un edicto publicado para notificar a cualquiera que se considere con derechos sobre la casa de Lozoya.
Desde la fecha de admisión, el inmueble valuado en 3.4 millones de dólares, quedó sujeto a aseguramiento cautelar.
De acuerdo con los estrados judiciales, la defensa de Lozoya ya acudió al juzgado a notificarse del inicio del procedimiento, por lo que tienen hasta el próximo 9 de febrero para contestar la demanda.
La Fiscalía General de la República solicitó al juez de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, una pena de 21 años de cárcel contra Gilda Margarita Austin Solís, mamá de Emilio Lozoya, acusada de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa en el caso Odebrecht.
De igual forma, pidió imponer una condena de 39 años de prisión al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por la presunta comisión, en su conjunto, de los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, también por los sobornos de la constructora brasileña.
El lunes pasado, el Ministerio Público Federal presentó una acusación formal ante el juez Zúñiga Mendoza en ambos casos, para que, de ser hallados culpables, en el juicio se les apliquen las penas solicitadas, algunas de las cuales son las máximas.
Según fuentes ministeriales, la Fiscalía General de la República planteó la condena máxima de 10 años de cárcel contra Austin Solís por asociación delictuosa; mientras que de 11 años y tres meses por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En caso de ser sentenciada, Austin Solís, acusada de ser copartícipe en el caso Odebrecht, podría cumplir la pena en prisión domiciliaria, debido a que tiene 73 años de edad.
