Brasilia, 28 ene (EFE).- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ignoró este viernes una orden judicial para declarar ante la Policía por su campaña de descrédito contra las instituciones y reavivó así su conflicto con la Corte Suprema, ahora en pleno año electoral.
La víspera, Bolsonaro había sido intimado por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo, a declarar «personalmente» ante la Policía Federal en el marco de un proceso en que es investigado por difundir informes oficiales secretos con la intención de sembrar desconfianza en el sistema electoral.
De Moraes argumentó que, desde noviembre pasado, le había dado al gobernante la oportunidad de acordar un lugar y una fecha para esa declaración, pero fue ignorado una y otra vez, por lo que ordenó que asistiera este viernes a la sede de la Policía Federal para cumplir ese trámite.
A última hora, el Gobierno confirmó que Bolsonaro había decidido no comparecer y que apeló a la Corte Suprema contra la orden dictada por De Moraes, anunciada este jueves «sin consulta previa» con otros miembros del tribunal e inédita en Brasil, al menos contra un jefe de Estado en pleno ejercicio del cargo.
Pero De Moraes negó inmediatamente ese recurso, pues los plazos para apelar habían concluido, y la situación quedó ahora en manos del Supremo, que está de receso hasta el próximo martes, a partir de cuando podría analizar lo que supone el incumplimiento de una orden judicial por parte de Bolsonaro.
LA BATALLA PERDIDA CONTRA EL VOTO ELECTRÓNICO
El líder de la ultraderecha ha estado en conflicto permanente con el Supremo desde que asumió el poder, en enero de 2019, y uno de los frentes ha sido una dura campaña que lanzó el año pasado contra el sistema de votación electrónico que Brasil adoptó en 1996 y que hasta ahora no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude.
Bolsonaro, sin embargo, afirma que el voto electrónico propicia las trampas y, en medio de esa campaña, esgrimió como «prueba» un informe secreto sobre un ataque informático en las elecciones de 2018, pese a que ese mismo documento probaba que no había afectado los comicios en los que él mismo fue elegido presidente.
La comisaria Denisse Ribeiro, responsable del caso en la Policía Federal y que este viernes se quedó esperando a Bolsonaro, consideró el mes pasado que el mandatario había usado esos documentos «con el nítido propósito de desinformar» y «agradar» a los grupos ultras que apoyan a su Gobierno.
UN CONFLICTO CASI PERSONAL CON EL JUEZ DE MORAES
Las discordias de Bolsonaro con el Supremo han sido virulentas y personalizadas en muchos momentos en De Moraes, responsable de una investigación sobre noticias falsas y ataques a las instituciones democráticas, que tiene entre los sospechosos al propio mandatario.
Por esa investigación, De Moares ha enviado a prisión a varios activistas de ultraderecha que han amenazado a jueces y promovido manifestaciones para exigir «disolver» el Congreso y el Supremo, con una «intervención militar» que mantenga a Bolsonaro en el poder.
La más masiva de esas manifestaciones fue realizada el pasado 7 de septiembre y fue encabezada por el propio Bolsonaro, quien en una avenida de Sao Paulo, frente a miles de personas, le exigió a De Moraes que renunciara a la Corte Suprema.
«O ese magistrado se encuadra o se va», dijo el mandatario, quien además advirtió que «este presidente no cumplirá más ninguna decisión del señor De Moraes», lo cual concretó finalmente este viernes.
A fines del año pasado, Bolsonaro incluso presentó un recurso al Senado en el que pidió la destitución de De Moraes, pero la demanda fue negada por «la falta absoluta de una necesaria justa causa».
Según analistas políticos, este conflicto casi personal aún puede tener repercusiones en el proceso para las elecciones, en las que Bolsonaro aspirará a renovar su mandato, aunque todas las encuestas dan como claro favorito al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
De Moraes es también miembro del Tribunal Superior Electoral y asumirá la presidencia de ese organismo en agosto, dos meses antes de la celebración de los comicios.
