Tras once años buscando justicia arrancó un juicio penal contra tres miembros de la Secretaría de la Marina (Semar) por su probable participación en el delito de tortura sexual contra dos mujeres y un hombre trans en 2011, según informó este miércoles una ONG de derechos humanos.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó que la detención de los agentes y el inicio del proceso penal «es un paso relevante para la justicia que ellas y él han buscado desde que retomaron su libertad, exigiendo que se sancione a los responsables y no haya impunidad«.
El boletín recordó que Korina Utrera, Denis Blanco y Charly Hernández vivieron una detención arbitraria el 27 de agosto de 2011, en Tabasco por agentes de la Marina, quienes las retuvieron ilegalmente en instalaciones militares por más de 30 horas, tiempo en el que fueron víctimas de tortura sexual.
«Como consecuencia de las pruebas obtenidas bajo tortura, las víctimas fueron privadas de su libertad por cinco años hasta ser absueltas en noviembre de 2016«, expuso la ONG.
Tras considerar que «no se acreditaba que el sufrimiento generado a las mujeres fuera grave«, según la ONG señaló en agosto de 2021, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, dictó una resolución mediante la cual negó la orden de aprehensión solicitada contra los agentes de la Semar.
Esto por los delitos de tortura, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y, la falsedad de declaraciones tanto judiciales como en informes dados a la autoridad.
Posteriormente, con el apoyo del Centro Prodh, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, resuelto el 22 de noviembre de 2021, «ordenando librar las órdenes de aprehensión contra los marinos únicamente por el delito de tortura«.
Ante el inicio del juicio, la ONG llamó al Poder Judicial de la Federación para que juzguen con perspectiva de género y respetando el debido proceso.
Dijo que el caso es «una muestra de los riesgos en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y la falta de controles y supervisión de carácter civil, que en muchos casos derivan en graves violaciones a los Derechos Humanos y que permanecen en impunidad«.
El Centro Prodh denunció que en México, la tortura sexual contra mujeres sigue siendo una práctica generalizada.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de 2021, un 64,4 % de las mujeres entrevistadas dijeron haber sido sujetas a violencia durante la detención, de las cuáles el 25 % refieren que la agresión fue de carácter sexual (15 % agresiones sexuales, 4,5 % violación y 4,6 % lesiones en órganos sexuales), según citó el texto.
