Desde el pasado 25 de septiembre de 2021, un grupo de 13 personas, la mayoría de ellos migrantes mexicanos, desapareció en la zona desértica de Chihuahua, y desde entonces, son buscados por su familia y las autoridades que sospechan que La Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez o el Cártel de Sinaloa, están detrás de los hechos.
La ruta que tomó el pollero, un tal José Pallares y a quien le pagaron más de 4 mil dólares por persona, era de por sí peligrosa. Un tramo desértico con una carretera rural entre la localidad de Coyame y Juárez, Chihuahua, una franja controlada por el sanguinario cártel de la Línea, el brazo armado del Cártel de Juárez.
Las autoridades tienen una línea de investigación: que algún cártel levantó y desapareció a los migrantes, a su guía y hasta al pollero. Ya sea La Línea, por haber cruzado su territorio sin pagar una cuota obligatoria, o el Cártel de Sinaloa, por haber intentado evadir un camino controlado por su brazo armado y, quizá sin saberlo, haber ingresado al territorio de su enemigo a muerte.
La fiscalía estatal, que asumió la investigación, ha realizado algunas búsquedas, pero según los propios familiares, ocurrieron demasiado tarde: tres meses después la desaparición.
Además, se quejan de la falta de recursos para los trabajos de búsqueda en campo y reprochan que sólo han podido asistir a una de las búsquedas en campo.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, que tomó el caso de los familiares de los migrantes, la mayoría madres y esposas, señala también que es debido a que las autoridades en la región están rebasadas y a que la policía estatal se encuentra en código rojo, tras la ejecución de dos policías en Ciudad Juárez.
Y es que los cárteles en la región, que heredaron o adoptaron la violencia y la estrategia militar de Los Zetas, se las han ingeniado para dominar las regiones desérticas y rurales al norte de Chihuahua. Tienen controlados, a través de halcones, los accesos y rutas de dichas regiones, en las que ahora cobran un derecho de piso para todas las actividades, legales e ilegales, que se quieran realizar en su plaza. Y a las autoridades locales, que ni se asoman por la zona, las tienen amenazadas o compradas.
Los familiares de los migrantes no pierden la esperanza de encontrarles algún día; sin embargo, están conscientes de que es necesario que las autoridades colaboren en las búsquedas e investigaciones.
La Comisión Nacional de Búsqueda, que también ha tomado conocimiento del caso, hasta el momento no se ha acercado con los familiares y sus representantes para ofrecer su apoyo. El único acercamiento de la federación fue un avión del ejército que fue prestado por un par de días para una búsqueda.
Con información de Milenio