Este fin de semana, tres personas fueron asesinadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante una operación de las fuerzas armadas que perseguían a presuntos delincuentes. Las víctimas incluyen a Lidia Iris Fuentes Galván, una niña de 8 años, Diego Alfredo, un joven de 18, y Yuricie Rivera Elizalde, una enfermera de 46 años.
Los eventos se desencadenaron el sábado 12 de octubre, cuando Lidia Galván y su nieta, Lidia Iris, quedaron atrapadas en medio de una persecución entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes. Según el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el vehículo de Lidia Galván fue alcanzado por disparos, impactando en la cabeza de la niña, quien falleció tras ser trasladada a un hospital.
En el mismo incidente, el joven Diego Alfredo fue encontrado dentro de una camioneta perseguida por los elementos de seguridad. Presentaba huellas de tortura y, según se informa, estaba en calidad de secuestrado.
Un día antes, el viernes 11 de octubre, Yuricie Rivera Elizalde fue asesinada cuando los soldados del Ejército dispararon su vehículo durante una persecución. Su esposo, Víctor Manuel Carrillo, quien viajaba con ella y su hijo de 9 años, declaró que los militares comenzaron a disparar sin justificación, a pesar de la presencia de familias en la zona. Carrillo intentó pedir ayuda a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero su llamado fue ignorado.
Estas muertes se suman a un patrón preocupante de letalidad por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, documentado en investigaciones recientes. En los últimos tres sexenios, se han reportado mil 524 víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de fuerzas de seguridad, sin justificación ni investigación.
La situación ha generado llamados a la justicia y a la rendición de cuentas por parte de las autoridades locales y nacionales, mientras la comunidad sigue exigiendo respuestas ante estos trágicos eventos.
