El gobierno federal de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, ha intensificado sus acciones legales contra ciudades consideradas “santuarios”, como Boston, mientras que redadas migratorias recientes en Georgia y la postergación de un festival comunitario en Chicago reflejan el creciente clima de tensión.
Boston enfrenta demanda por políticas de ciudad santuario
El Departamento de Justicia demandó a la ciudad de Boston y a su alcaldesa, Michelle Wu, por mantener políticas que, según el gobierno federal, interfieren con las leyes migratorias. La demanda se basa en la Boston Trust Act, vigente desde 2014, la cual prohíbe a la policía local colaborar con ICE sin una orden judicial.
La fiscal Pam Bondi acusa a la administración de Wu de “proteger a extranjeros ilegales”, lo cual –según la demanda– impide la deportación de personas con antecedentes penales. Esta acción se suma a otras similares presentadas contra ciudades como Nueva York y Los Ángeles, buscando alinear políticas locales con la legislación federal.
Redada migratoria en planta de Hyundai en Georgia
Agentes federales realizaron una redada en una planta de producción de Hyundai en Ellabell, Georgia, como parte de una investigación sobre presuntas prácticas laborales ilegales. El operativo involucró al FBI, la DEA, la Patrulla Estatal y el Servicio de Alguaciles.
Más de 1,400 empleados fueron inspeccionados. El representante del Departamento de Seguridad Nacional, Steven Schrank, señaló que el operativo fue autorizado judicialmente y se centró en irregularidades migratorias en el sitio de construcción operado por Hyundai y LG Energy Solution. La empresa confirmó su colaboración con las autoridades y reiteró su compromiso con las leyes laborales.
Festival “El Grito” en Chicago pospuesto por seguridad
El festival comunitario previsto para conmemorar el Día de la Independencia de México, fue postergado por no contar con las condiciones de seguridad necesarias, según informaron los organizadores. Aunque no se especificaron motivos concretos, la medida ocurre en medio de un clima de preocupación por redadas migratorias en espacios públicos.
Este evento, de alto valor cultural para la comunidad mexicana y mexicana-estadounidense, incluía actividades familiares, música y gastronomía. Los organizadores prometieron reprogramar el festival y ofrecieron reembolsos completos a través de su plataforma oficial.
Estas situaciones revelan un endurecimiento en la política migratoria que impacta directamente a trabajadores, eventos culturales y gobiernos locales.
