La Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) informó que mantiene abiertas cuatro investigaciones internas por delitos de cohecho, peculado y administración fraudulenta, iniciadas en 2024 y aún vigentes. Estas indagatorias se suman a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR) contra una red de huachicol fiscal dentro de la institución.
De acuerdo con la dependencia, las pesquisas ya derivaron en sanciones contra dos marinos de alto rango adscritos a la Dirección General Adjunta de Administración (DIGADMON). Además, en todos los casos se presentaron denuncias ante la FGR, que actualmente da seguimiento a los procesos.
Las indagatorias internas se centran en funcionarios responsables de la gestión y control del presupuesto de la SEMAR. Entre sus facultades se encuentran la administración de recursos materiales, infraestructura naval y portuaria, así como el mantenimiento de vehículos y equipo militar.
En paralelo, la FGR vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, junto con nueve personas más, por delincuencia organizada con fines de realizar delitos relacionados con hidrocarburos.
Los expedientes señalan que las redes de huachicol operaban en al menos ocho puertos del país, entre ellos Altamira (Tamaulipas), Veracruz, Ensenada (Baja California), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Guaymas (Sonora), La Paz (Baja California Sur), Cancún (Quintana Roo) y Mazatlán (Sinaloa).
El pasado 16 de septiembre, durante el desfile militar por el 215 aniversario de la Independencia, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente el involucramiento de altos mandos en estas prácticas y aseguró que la propia institución decidió enfrentar el problema.
La SEMAR informó que en el último año realizó 27 evaluaciones internas para detectar riesgos de corrupción y prácticas indebidas. Aunque se emitieron recomendaciones y planes de acción, los resultados completos permanecerán reservados por cinco años, bajo el argumento de que su difusión podría comprometer la seguridad nacional y exponer al personal militar.
Los documentos revisados señalan que, si bien se han identificado áreas de mejora y algunos avances, los riesgos de integridad y corrupción no han sido completamente mitigados
