De enero a octubre de 2025, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Ciudad de México y Sinaloa se ubicaron entre las entidades con mayor incidencia de delitos de violencia letal, según el informe Estados más violentos sin mejoría pese a estrategias de seguridad de la organización México Evalúa. El análisis incluye homicidios dolosos y culposos, feminicidios, delitos contra la integridad corporal, así como personas desaparecidas y no localizadas.
El estudio señala que, pese a la reducción nacional en homicidios dolosos, la pacificación territorial sigue siendo un desafío. México Evalúa advierte que las estrategias implementadas en los estados más afectados parecen estancadas o ineficaces para contener la escalada criminal, destacando que 16 entidades presentan condiciones preocupantes de violencia letal.
También atribuye el elevado número de víctimas al reacomodo violento del control territorial del crimen, conflictos internos entre organizaciones, políticas federales de debilitamiento operativo y la presión del gobierno de Estados Unidos para desmantelar grupos criminales internacionales.
Entre los cambios recientes, Tabasco registró un aumento significativo en la violencia, mientras que Durango mejoró su situación, pasando de condiciones regulares a un escenario positivo.
Aunque Michoacán reporta actualmente una reducción en la violencia letal que lo acerca a un balance positivo, México Evalúa advierte riesgos de reversión. La organización señala que la intervención federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos, carece de mecanismos sólidos de sostenibilidad local.
“Sin capacidades locales sólidas, el combate frontal genera fragmentación criminal y el riesgo de escalamiento se mantiene alto”, alerta el informe.
El análisis propone reorientar la estrategia hacia esquemas de pacificación estructural que fortalezcan instituciones locales y no se limiten a acciones tácticas. También sugiere estrategias multinivel y multirregionales para mitigar el desplazamiento de la violencia, como ocurre en Sinaloa, donde la presión operativa puede trasladar la conflictividad a estados vecinos.
Asimismo, recomienda replicar experiencias exitosas en Yucatán y Coahuila, mediante la profesionalización policial, incentivos laborales y coordinación intergubernamental. El informe plantea implementar sistemas de alerta temprana en entidades vulnerables como Ciudad de México o Nayarit, además de vincular la prevención con políticas de desarrollo territorial y recuperación del espacio público.
