La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó el Plan B de la Reforma Electoral tras el rechazo de la propuesta inicial la semana pasada. La nueva iniciativa, expuesta en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, pretende eliminar privilegios, reducir gastos en los comicios y reforzar la fiscalización de partidos y autoridades electorales.
El Plan B propone limitar el número de regidurías en municipios a un rango de siete hasta un máximo de quince, además de restringir a una sola sindicatura por municipio. En los congresos locales, se establece un tope presupuestal del 0.70% del Presupuesto de Egresos de cada entidad.
Asimismo, se plantea que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), magistrados y funcionarios de órganos electorales no puedan percibir ingresos superiores al salario presidencial, eliminando bonos y seguros adicionales. En el Senado, se prevé una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15%.
La iniciativa propone que la Revocación de Mandato pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, es decir, en 2027 o 2028. Actualmente, este ejercicio solo puede efectuarse en el cuarto año.
Entre los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se incluye el inicio inmediato de los cómputos al cierre de la jornada electoral, evitando la espera de varios días. También se plantea un tope a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del INE y de institutos locales.
En la Ley General de Partidos Políticos, se establece la obligación de transparentar las remuneraciones de dirigentes, reportar operaciones financieras en tiempo real y prohibir recursos ilícitos, extranjeros o en efectivo en campañas.
